El primer atropello del mayoriteo priista, por Alfredo Tress Jiménez

A unos cuantos días que inició esta LXI legislatura se aprobó por mayoriteo priista la reforma a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), iniciativa de reforma que fue presentada desde la anterior legislatura por el Ejecutivo del Estado, misma que no fue sometida a votación del pleno de la Cámara de Diputados en ese entonces, por la simple y sencilla razón de que el PRI no contaba con mayoría y seguramente sería votada en contra, se argumenta lo anterior ya que en esta nueva legislatura tanto el PAN – PRD y Convergencia votaron en contra esta ley donde el PRI es mayoría.

La iniciativa presentada por el Ejecutivo Estatal fue revisada por el hoy diputado electo del distrito 16 con cabecera en Córdoba, Francisco Portilla, quién encabeza la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, a quién le bastaron sólo 9 días de que inició la legislatura para decir que era una iniciativa que fortalecía la descapitalización en que se encontraba el IPE, posiblemente tuvo razón, lo que no dijo es que es muy lamentable que no existió primeramente la voluntad de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, en particular de quién encabeza la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el priista Francisco Portilla, al no dar a conocer con las 48 horas que marca la ley el dictamen de las reformas a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado a todos los diputados que conforman esta LXI Legislatura, pues hizo ver que algo ocultan y que a pesar de que el proyecto recibió el aval de los diversos sindicatos, la gran mayoría de ellos alineados al ejecutivo, esta nueva ley no es de beneficio para los cerca de 100 mil trabajadores al servicio del Estado de Veracruz y que cotizan en este Instituto.

No obstante que no fue entregada la información por el diputado cordobés, durante la sesión que duró 11 horas de debate, nos encontramos con que tiene algunos desaciertos que lastiman tanto a los trabajadores como a los ayuntamientos y al propio gobierno del estado como lo señalado por el artículo 31 de la iniciativa, mismo que otorga facultades excesivas al Instituto, al permitirle realizar acciones de fiscalización ( facultad que le corresponde únicamente al Congreso del Estado a través del ORFIS ) a quienes están obligados a descontar las cuotas de los trabajadores, llegándose incluso de acuerdo a lo que marcan los artículos 75 y 87 de esta reforma a permitirle al Instituto ordenar la practica de verificaciones y visitas domiciliarias para revisar el cumplimiento de las obligaciones de las diferentes instancias para con el Instituto. Aquí vale aclarar que si bien la mayoría de los ayuntamientos y el propio estado no pagan correctamente sus aportaciones, nos parece totalmente ilegal que se le den esas atribuciones al Instituto.

El articulo 37 menciona que los trabajadores que cumplan 30 años de servicio tendrán derecho a tramitar su jubilación siempre y cuando observen el requisito de contar con 60 años cumplidos al momento de su tramitación, afectando a muchos trabajadores que iniciaron su cotización a los 25 años o menos, pues los obliga a trabajar mas de 30 años.

Por su parte el artículo 38 es totalmente contradictorio al anterior, pues permite la pensión por vejez de personas que han cumplido 60 años siempre que tengan como mínimo 15 años de servicio.

El artículo 66 da facultades al Consejo Directivo de decidir de manera unilateral el interés que se puede imponer a los prestamos a corto plazo que pueden ir desde un 12 por ciento anual hasta un 50 por ciento según sea el caso, esto permitirá prestamos discrecionales a los agremiados de los sindicatos que tienen la suerte de contar con amigos en este Consejo.

Lo que puede ser muy grave es que con esta reforma el IPE sin tener necesidad de pedir autorización al Congreso, aplicar sus reservas en cualquier actividad bursátil o inversión financiera, con la sola limitante de que el 50 por ciento sean emitidos en bonos del Gobierno Federal. Sin duda esto es solo una especulación, pero de acuerdo a lo que está sucediendo con la bursatilización de las tenencias vehiculares, no sería difícil que el gobernador instruyera a los diputados priistas a aprobar la iniciativa para disponer de manera directa de los recursos del IPE para hacer de ellos lo que les de la gana, lo lamentable de esto es que en de darse una quiebra por el mal manejo de los recursos de los trabajadores, se dejará en estado de indefensión a miles de jubilados y pensionados que su único ingreso se encuentra en el IPE que todo indica que se desea ser utilizado como caja chica del Estado.

Este es uno de los altos riesgos que se corren al tener mayoría cualquier partido en el Congreso, y más aún si esta mayoría coincide con que también están representados por el mismo color en el Ejecutivo Estatal como lo es el actual Gobernador del Estado. ¿Usted qué opina?

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