LA DELINCUENCIA SE ROBA NUESTRA SEGURIDAD
Por: Alfredo Tress Jiménez
Según datos presentados hace dos semanas por el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI) en un esquemático y minucioso estudio sobre los índices de criminalidad en cada uno de los estados del país que oportunamente tituló "Atlas delictivo del fuero común", más de la mitad de nosotros nos sentimos inseguros en nuestro país y según las estadísticas uno de cada 10 mexicanos será victima de un delito durante este año, de ahí el miedo y la preocupación de la ciudadanía en general. Según el ICESI, se estima que en México se cometen 4 mil 320 delitos al día, lo que equivale a un delito cada 22 segundos. Curiosamente, según cifras de las autoridades, la situación delictiva no ha variado en los últimos 10 años, algunos delitos aumentan y otros disminuyen, dato que es más malo que bueno. ¿Por qué? a pesar del enorme flujo de recursos económicos aplicado por las autoridades para la lucha contra el crimen y la seguridad la situación sigue igual. En este 2008 el presupuesto de seguridad pública se incremento poco más de 15% en el país, de este incremento la lucha contra el narcotráfico ha sido el rubro más socorrido.
Así, encontramos información evidente y alarmante como la oleada de violencia con la que se comenten los crímenes; ya no basta con robar, ahora se agredir, lesionar, lastimar o incluso se mata. Según la ONU en la más reciente encuesta internacional de criminalidad, México como país ocupa el primer lugar en el mundo en delitos cometidos con violencia. El ICESI señala que el estado más peligroso para vivir es el Estado de México seguido por el Distrito Federal, Jalisco, Baja California, Puebla y Sinaloa, según la percepción de las personas que habitan en cada entidad. Estas cifras son un llamado de atención para los gobiernos de esos estados, los gobiernos locales tienen que asumir su responsabilidad en la inseguridad que viven sus ciudadanos.
El ombudsman de los derechos humanos, José Luís Soberanes, informó que el año pasado la Secretaría de la Defensa Nacional compartió el segundo lugar en recomendaciones con el IMSS y el gobierno del estado de Guerrero. El tercer sitio lo ocupó la Secretaría de Seguridad Pública Federal y, el cuarto el gobierno de Veracruz. Sin embargo el problema de seguridad en México tiene aún otro componente, ante la incapacidad del estado de perseguir a los delincuentes, en el país ya existe una "cultura de impunidad"; el saber que nada les va a pasar si alguien se dedica a delinquir, se ha vuelto un incentivo más para que muchos decidan consagrar su vida en el delito, fenómeno que afecta a todas las clases sociales.
Al igual que en el norte del país la delincuencia organizada y cárteles de la droga ya alcanzaron al estado de Veracruz, recordemos que hace unos días un comando fuertemente armado asaltó el reclusorio Duport Ostión de Coatzacoalcos, para rescatar y liberar a seis peligrosos reos detenidos por delitos del fuero federal: portación de armas de uso exclusivo del ejercito y delitos contra la salud. Esto ocurrió a las 00: 30 horas cuando los presuntos zetas irrumpieron al interior del penal vistiendo camisetas negras de AFI y "sorprendieron" a los guardias y custodios. Al lugar de los hechos llegó el Secretario de Seguridad Pública, Juan Manuel Orozco Méndez, quien en ocasiones anteriores ha manifestado que todos los brotes de violencia que han ocurrido en Veracruz son casos aislados.
Por su parte, el Secretario de Gobierno Reynaldo Escobar Pérez, dijo que fueron elementos de la AFI quienes trasladaron a los seis reos, sin embargo fue desmentido por el mismo Zeferino Tejeda, director de Prevención y Readaptación del gobierno del estado y el subprocurador de la zona sur, Jorge Yunis Manzanares, quienes insistieron que fue un comando armado el que tomó por sorpresa a los custodios del penal. Lo que hizo quedar en ridículo al responsable de la seguridad interna del estado Reynaldo Escobar Pérez, que debiéramos preguntarnos ¿si en verdad hay secretario de gobierno?.
Debemos reflexionar profundamente para saber dónde está el punto de débil en materia de seguridad pública. La propuesta apunta al aspecto en el que la representación tanto pública como privada debe intervenir. Las respuestas oficiales no sólo han sido poco imaginativas para resolver o atenuar el problema, sino muchas veces ha resultado contraproducente. Su consecuencia más nociva, la saturación de las prisiones genera condiciones indignas de vida de los internos y aumenta su vulnerabilidad sin que disminuya la delincuencia.
Se carece de una política de prevención social del delito. Esa carencia podría subsanarla una figura intersecretarial, no se requiere una erogación cuantiosa, pues las instituciones y las organizaciones que se involucrarían no habría que crearlas: ya existen. La importancia del tema amerita que no se deje exclusivamente en manos de funcionarios gubernamentales y legisladores. Es deseable la instauración de un consejo ciudadano de política criminológica, formado por especialistas prestigiados y entusiastas, que realice estudios y emita recomendaciones en la materia.
En la procuración de justicia se encuentra el corazón de la impunidad. Los órganos de persecución de los delitos sólo en raras ocasiones consiguen poner a disposición del juez a los presuntos responsables. Es indispensable que la actuación de la Federación y de todas las entidades federativas se coordinen en el combate a la criminalidad y que se cumplan las metas establecidas. También es importante que el Congreso del Estado solicite un informe trimestral a las áreas de seguridad del Gobierno del Estado a fin de estar en condiciones de coadyuvar en lo que dentro de sus atribuciones corresponde.
En este sentido y de manera inédita, los diputados locales del tricolor aprobaron con premura la iniciativa del gobernador Fidel Herrera Beltrán, relativa a ampliar de 29 a 33 los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), sin consultársela a los magistrados de este organismo. Esto es reprobable cuando lo que urge es establecer tribunales unitarios en la región norte, sur y centro, para que las personas de escasos recursos no tengan que trasladarse a la capital del estado.
También es inquietante saber cómo cubrirán los sueldos de estos nuevos funcionarios, cuando es sabido que en el TSJ se necesita de más presupuesto para hacer frente a las necesidades de operación. Tal pareciera que los priistas seguirán con las mismas prácticas que mostraron durante el primer periodo ordinario de sesiones, de aprobar todo lo que llega del ejecutivo, e ignorar todo lo que presentan los diputados de oposición. Es un error que el Ejecutivo proponga reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que haya más magistrados cuando lo correcto es hacer una reforma constitucional profunda y razonada.
Es indispensable crear mecanismos de control social adicionales a los gubernamentales. Se necesita el apoyo de la ciudadanía. Todos los ciudadanos debemos de convertirnos en vigilantes. La invitación se debe hacer también a los medios de comunicación a participar en la lucha contra la delincuencia. En México rechazamos estar a merced de la delincuencia. No se debe permitir que los delincuentes hagan de las suyas y menos que se utilice a las autoridades responsables de aplicar el orden y la justicia para seguir actuando impunemente. Ya basta de más violencia, exigimos responsabilidad y compromiso social en la impartición de justicia, que las autoridades dejen de lado el discurso fácil y actúen con responsabilidad a favor de nuestro país y de Veracruz. ¿Usted qué Opina?
alfredotress04@yahoo.com
Por: Alfredo Tress Jiménez
Según datos presentados hace dos semanas por el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI) en un esquemático y minucioso estudio sobre los índices de criminalidad en cada uno de los estados del país que oportunamente tituló "Atlas delictivo del fuero común", más de la mitad de nosotros nos sentimos inseguros en nuestro país y según las estadísticas uno de cada 10 mexicanos será victima de un delito durante este año, de ahí el miedo y la preocupación de la ciudadanía en general. Según el ICESI, se estima que en México se cometen 4 mil 320 delitos al día, lo que equivale a un delito cada 22 segundos. Curiosamente, según cifras de las autoridades, la situación delictiva no ha variado en los últimos 10 años, algunos delitos aumentan y otros disminuyen, dato que es más malo que bueno. ¿Por qué? a pesar del enorme flujo de recursos económicos aplicado por las autoridades para la lucha contra el crimen y la seguridad la situación sigue igual. En este 2008 el presupuesto de seguridad pública se incremento poco más de 15% en el país, de este incremento la lucha contra el narcotráfico ha sido el rubro más socorrido.
Así, encontramos información evidente y alarmante como la oleada de violencia con la que se comenten los crímenes; ya no basta con robar, ahora se agredir, lesionar, lastimar o incluso se mata. Según la ONU en la más reciente encuesta internacional de criminalidad, México como país ocupa el primer lugar en el mundo en delitos cometidos con violencia. El ICESI señala que el estado más peligroso para vivir es el Estado de México seguido por el Distrito Federal, Jalisco, Baja California, Puebla y Sinaloa, según la percepción de las personas que habitan en cada entidad. Estas cifras son un llamado de atención para los gobiernos de esos estados, los gobiernos locales tienen que asumir su responsabilidad en la inseguridad que viven sus ciudadanos.
El ombudsman de los derechos humanos, José Luís Soberanes, informó que el año pasado la Secretaría de la Defensa Nacional compartió el segundo lugar en recomendaciones con el IMSS y el gobierno del estado de Guerrero. El tercer sitio lo ocupó la Secretaría de Seguridad Pública Federal y, el cuarto el gobierno de Veracruz. Sin embargo el problema de seguridad en México tiene aún otro componente, ante la incapacidad del estado de perseguir a los delincuentes, en el país ya existe una "cultura de impunidad"; el saber que nada les va a pasar si alguien se dedica a delinquir, se ha vuelto un incentivo más para que muchos decidan consagrar su vida en el delito, fenómeno que afecta a todas las clases sociales.
Al igual que en el norte del país la delincuencia organizada y cárteles de la droga ya alcanzaron al estado de Veracruz, recordemos que hace unos días un comando fuertemente armado asaltó el reclusorio Duport Ostión de Coatzacoalcos, para rescatar y liberar a seis peligrosos reos detenidos por delitos del fuero federal: portación de armas de uso exclusivo del ejercito y delitos contra la salud. Esto ocurrió a las 00: 30 horas cuando los presuntos zetas irrumpieron al interior del penal vistiendo camisetas negras de AFI y "sorprendieron" a los guardias y custodios. Al lugar de los hechos llegó el Secretario de Seguridad Pública, Juan Manuel Orozco Méndez, quien en ocasiones anteriores ha manifestado que todos los brotes de violencia que han ocurrido en Veracruz son casos aislados.
Por su parte, el Secretario de Gobierno Reynaldo Escobar Pérez, dijo que fueron elementos de la AFI quienes trasladaron a los seis reos, sin embargo fue desmentido por el mismo Zeferino Tejeda, director de Prevención y Readaptación del gobierno del estado y el subprocurador de la zona sur, Jorge Yunis Manzanares, quienes insistieron que fue un comando armado el que tomó por sorpresa a los custodios del penal. Lo que hizo quedar en ridículo al responsable de la seguridad interna del estado Reynaldo Escobar Pérez, que debiéramos preguntarnos ¿si en verdad hay secretario de gobierno?.
Debemos reflexionar profundamente para saber dónde está el punto de débil en materia de seguridad pública. La propuesta apunta al aspecto en el que la representación tanto pública como privada debe intervenir. Las respuestas oficiales no sólo han sido poco imaginativas para resolver o atenuar el problema, sino muchas veces ha resultado contraproducente. Su consecuencia más nociva, la saturación de las prisiones genera condiciones indignas de vida de los internos y aumenta su vulnerabilidad sin que disminuya la delincuencia.
Se carece de una política de prevención social del delito. Esa carencia podría subsanarla una figura intersecretarial, no se requiere una erogación cuantiosa, pues las instituciones y las organizaciones que se involucrarían no habría que crearlas: ya existen. La importancia del tema amerita que no se deje exclusivamente en manos de funcionarios gubernamentales y legisladores. Es deseable la instauración de un consejo ciudadano de política criminológica, formado por especialistas prestigiados y entusiastas, que realice estudios y emita recomendaciones en la materia.
En la procuración de justicia se encuentra el corazón de la impunidad. Los órganos de persecución de los delitos sólo en raras ocasiones consiguen poner a disposición del juez a los presuntos responsables. Es indispensable que la actuación de la Federación y de todas las entidades federativas se coordinen en el combate a la criminalidad y que se cumplan las metas establecidas. También es importante que el Congreso del Estado solicite un informe trimestral a las áreas de seguridad del Gobierno del Estado a fin de estar en condiciones de coadyuvar en lo que dentro de sus atribuciones corresponde.
En este sentido y de manera inédita, los diputados locales del tricolor aprobaron con premura la iniciativa del gobernador Fidel Herrera Beltrán, relativa a ampliar de 29 a 33 los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), sin consultársela a los magistrados de este organismo. Esto es reprobable cuando lo que urge es establecer tribunales unitarios en la región norte, sur y centro, para que las personas de escasos recursos no tengan que trasladarse a la capital del estado.
También es inquietante saber cómo cubrirán los sueldos de estos nuevos funcionarios, cuando es sabido que en el TSJ se necesita de más presupuesto para hacer frente a las necesidades de operación. Tal pareciera que los priistas seguirán con las mismas prácticas que mostraron durante el primer periodo ordinario de sesiones, de aprobar todo lo que llega del ejecutivo, e ignorar todo lo que presentan los diputados de oposición. Es un error que el Ejecutivo proponga reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que haya más magistrados cuando lo correcto es hacer una reforma constitucional profunda y razonada.
Es indispensable crear mecanismos de control social adicionales a los gubernamentales. Se necesita el apoyo de la ciudadanía. Todos los ciudadanos debemos de convertirnos en vigilantes. La invitación se debe hacer también a los medios de comunicación a participar en la lucha contra la delincuencia. En México rechazamos estar a merced de la delincuencia. No se debe permitir que los delincuentes hagan de las suyas y menos que se utilice a las autoridades responsables de aplicar el orden y la justicia para seguir actuando impunemente. Ya basta de más violencia, exigimos responsabilidad y compromiso social en la impartición de justicia, que las autoridades dejen de lado el discurso fácil y actúen con responsabilidad a favor de nuestro país y de Veracruz. ¿Usted qué Opina?
alfredotress04@yahoo.com
