¿Usted qué Opina?

GOBERNABILIDAD

Por: Alfredo Tress Jiménez



Suman 77 días que los veracruzanos acudimos a las urnas a elegir Gobernador, Diputados y Alcaldes. Como ya es normal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), resuelve de acuerdo a los Códigos Estatal Electoral, Federal Electoral y a la propia Constitución Federal en la materia, los derechos políticos de los partidos y de los ciudadanos que participaron en alguna de las elecciones citadas, y que acudieron a hacer valer sus derechos si consideraron que se violentaron algunos preceptos legales consagrados en la leyes electorales.

Ante las resoluciones emitidas tanto para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa como de representación proporcional, así como de Alcaldes y Sindicos electos por el voto directo y los regidores de representación proporcional, el árbitro estatal electoral como es el Instituto Electoral Veracruzano (IEV), se pronunció notificando a los que obtuvieron la victoria. El mismo procedimiento llevaron a cabo los tres magistrados integrantes del Tribunal Estatal Electoral (TEE), quienes calificaron la elección de gobernador.

A mas de dos meses, a los inconformes el (TEPJF) ha resuelto algunos casos, sus resoluciones son inatacables, lo que quiere decir que lo que determina el Tribunal Federal es cosa juzgada, de esa manera irá resolviendo todas y cada una de las inconformidades; para el caso de los 50 diputados por los dos principios que integrarán la 62 legislatura tienen hasta el 4 de noviembre y para los 212 ayuntamientos hasta el 31 de diciembre.

Para gobernador, el tiempo límite que tiene para resolver el Tribunal Federal es hasta el 30 de noviembre; sin embargo, se dice que antes que concluya el mes de septiembre pronunciará su resolución ratificando el triunfo del candidato de la coalición PRI-Verde Ecologista Javier Duarte de Ochoa, las razones son múltiples; no obstante, las violaciones más graves que se le imputaron al candidato priista, son los excesivos gastos de campaña, argumento recurrente del PAN; sin embargo, las mismas violaciones y más cometió este partido por conducto de su candidato Miguel Ángel Yunes Linares, quien utilizó entre otras cosas, recursos y programas sociales federales. El caso de la candidatura que ostentó Dante Delgado mediante la coalición PRD-PT-Convergencia, la votación que obtuvo no fue suficiente y los argumentos de medios de impugnación fueron inconsistentes.

En este sentido, Javier Duarte de Ochoa será el futuro gobernador de Veracruz a partir del 1° de diciembre de 2010 hasta el 30 de noviembre de 2016. Los cerca de 3 millones 200 mil votos emitidos, al candidato del PRI-Verde le correspondieron aproximadamente 1 millón 400 mil sufragios; al candidato del PAN-PANAL 1 millón 330 mil votos; y al candidato de la coalición PRD-PT-Convergencia 470 mil votos. Porcentualmente a la alianza Veracruz para Adelante le correspondió el 44%; la alianza Viva Veracruz el 42% y la alianza para Cambiar a Veracruz el 14%.

Estos números le deben dar claridad al candidato ganador, ya que su triunfo lo sustenta con la votación de la mayor minoría, ya que el 56% de los veracruzanos votó en su contra; asimismo, la mitad de los diputados que integrarán la 62 legislatura serán de oposición y alrededor de 140 de 212 municipios los gobernará la oposición; esto es, el 66% de los veracruzanos estarán bajo el mando de alcaldes diferentes al PRI, por lo que solo el 34% de los ciudadanos veracruzanos serán gobernados por el partido que gobernará a nivel estatal.

Con estos datos el virtual gobernador ha dicho, “los ciudadanos que integrarán mi gobierno no serán mis amigos ni mayoritariamente de mi partido, mi gabinete estará compuesto, más allá de sus colores, por los mejores veracruzanos”, esta determinación no tan solo le permitirá integrar un gabinete plural, sino también cumplir sus promesas de campaña y fundamentalmente otorgar a su gobierno GOBERNABILIDAD que le permitirá por añadidura un buen gobierno, propiciando a los veracruzanos certeza en su calidad de vida, que sus demandas se vean satisfechas, mejor desarrollo humano que trae como consecuencia calidad en salud, vivienda, educación, empleo, activación al campo y sobre todo, seguridad pública tan urgente en estos momentos.

Por lo tanto, durante los poco más de dos meses que le quedan al gobierno de la fidelidad (septiembre, octubre y noviembre), serán dados a conocer nombres de ciudadanos veracruzanos que integrarán los primeros niveles del gobierno duartista, los nombres reales son los que anuncie directamente Javier Duarte, una vez conocido su gabinete nos preguntaremos: ¿cuál será el sello distintivo que caracterizará a este nuevo gobierno que inicia a partir del 1° de diciembre próximo?, ¿será un color o la eficacia en acciones de gobierno que reclama el pueblo veracruzano? ¿Usted qué Opina?
alfredotress04@yahoo.com

¿USTED QUÉ OPINA?

UN NUEVO CRÉDITO EN PUERTA

Por: Alfredo Tress Jiménez

La semana pasada el Ejecutivo del estado anunció la posibilidad de hacer válido la bursatilización del 5% de las participaciones federales a 15 años, lo que representará recibir un adelanto por $6,800 millones de pesos descontando mensualmente alrededor de 900 millones de pesos anuales de lo que recibe el estado de la federación.

Anunció que enviaría la solicitud al congreso para su autorización, debo recordar que esta nueva bursatilización, de darse, ya fue aprobada por la mayoría de diputados del PRI, por lo que enviar al Congreso nuevamente esta solicitud sería innecesario, en virtud de que el Congreso del Estado no podría autorizar 2 veces la misma solicitud.

Se empieza a especular si la nueva deuda será para dejarle fondos al gobierno que comienza a partir del 1° de diciembre del año en curso. Lo que se debe dejar claro es que legalmente no se podría, ya que las bursatilizaciones, de acuerdo al Código Financiero estatal en relación a la deuda pública expresamente señala en su Artículo 333 que: son títulos de deuda pública los valores, tales como los bonos u obligaciones de deuda, los certificados bursátiles, los pagarés y otros títulos de deuda que se emitan en serie o en masa y que estén destinados a circular en el mercado de valores en los que el Estado asuma obligaciones directas o contingentes, sujetos a los siguientes requisitos y previsiones.

Asimismo, el inciso X señala que las emisiones corresponderán al Gobernador, por conducto de la Secretaría de Finanzas; sin embargo, podrán ser emitidos a través de un fideicomiso bursátil de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Código Financiero estatal.

Por lo que el inciso XVII especifica que las bursatilizaciones se inscribirán en el Registro de Deuda Pública Estatal y cuando así proceda, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En este sentido, el Artículo 339 del citado Código Financiero señala que el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, contará con un Registro Público de Deuda Estatal en el cual se inscribirán los documentos en que se hagan constar las operaciones de endeudamiento que efectúe el Estado y sus entidades, por sí o a través de fideicomisos bursátiles de conformidad con lo establecido en el Artículo 175 de dicho Código Financiero, así como las operaciones de deuda de los Ayuntamientos o sus entidades que se contraten con el aval del Estado; además, se inscribirán en éste las emisiones de valores tales como bonos, obligaciones de deuda, certificados bursátiles y pagarés que emita el Estado, en los que se hayan requerido de afectación de participaciones federales en pago, en garantía o en ambos.

Por lo tanto el artículo 344 del Código Financiero Estatal, relativo a las afectaciones de participaciones federales señala que: Las participaciones que corresponden al Estado y los Municipios son inembargables, no pueden afectarse para fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas con apego a lo dispuesto en este Código, a cargo del Estado o municipios, entidades estatales o municipales o de los fideicomisos bursátiles establecidos de conformidad con el artículo 175 de esté Código, que hayan requerido de afectación en pago, en garantía o en ambos, para la emisión de valores tales como bonos, obligaciones de deuda, certificados bursátiles y pagarés y la celebración de actos jurídicos análogos ante personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

Las operaciones deberán estar debidamente inscritas en el registro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Registro Público de Deuda Estatal y, en su caso, en el Registro de Deuda Pública Municipal correspondiente, tratándose de adeudos avalados por el Estado.

Es por lo anterior, que legalmente si el Ejecutivo del estado hace valer el cheque en blanco que autorizó la mayoría de legisladores de la presente legislatura, podrá obtener adelantos por $6,800 millones de pesos, a cabio de que la fuente financiera pueda disponer anualmente $900 millones de pesos durante 15 años, lo que representarán $13,500 millones de pesos que dejará de percibir el estado en este tiempo.

Es por ello que la presente administración estatal que concluye el 1° de diciembre del presente año, no podrá, legalmente, dejar estos fondos a la administración siguiente, de ser así, incurriría en delito al disponer de participaciones federales que los utilizó para otro fin. Por lo que en su momento, la federación auditará el destino de estos recursos. ¿Usted qué Opina?

alfredotress04@yahoo.com

¿USTED QUÉ OPINA?

UN NUEVO CRÉDITO EN PUERTA

Por: Alfredo Tress Jiménez

La semana pasada el Ejecutivo del estado anunció la posibilidad de hacer válido la bursatilización del 5% de las participaciones federales a 15 años, lo que representará recibir un adelanto por $6,800 millones de pesos descontando mensualmente alrededor de 900 millones de pesos anuales de lo que recibe el estado de la federación.

Anunció que enviaría la solicitud al congreso para su autorización, debo recordar que esta nueva bursatilización, de darse, ya fue aprobada por la mayoría de diputados del PRI, por lo que enviar al Congreso nuevamente esta solicitud sería innecesario, en virtud de que el Congreso del Estado no podría autorizar 2 veces la misma solicitud.

Se empieza a especular si la nueva deuda será para dejarle fondos al gobierno que comienza a partir del 1° de diciembre del año en curso. Lo que se debe dejar claro es que legalmente no se podría, ya que las bursatilizaciones, de acuerdo al Código Financiero estatal en relación a la deuda pública expresamente señala en su Artículo 333 que: son títulos de deuda pública los valores, tales como los bonos u obligaciones de deuda, los certificados bursátiles, los pagarés y otros títulos de deuda que se emitan en serie o en masa y que estén destinados a circular en el mercado de valores en los que el Estado asuma obligaciones directas o contingentes, sujetos a los siguientes requisitos y previsiones.

Asimismo, el inciso X señala que las emisiones corresponderán al Gobernador, por conducto de la Secretaría de Finanzas; sin embargo, podrán ser emitidos a través de un fideicomiso bursátil de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Código Financiero estatal.

Por lo que el inciso XVII especifica que las bursatilizaciones se inscribirán en el Registro de Deuda Pública Estatal y cuando así proceda, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En este sentido, el Artículo 339 del citado Código Financiero señala que el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, contará con un Registro Público de Deuda Estatal en el cual se inscribirán los documentos en que se hagan constar las operaciones de endeudamiento que efectúe el Estado y sus entidades, por sí o a través de fideicomisos bursátiles de conformidad con lo establecido en el Artículo 175 de dicho Código Financiero, así como las operaciones de deuda de los Ayuntamientos o sus entidades que se contraten con el aval del Estado; además, se inscribirán en éste las emisiones de valores tales como bonos, obligaciones de deuda, certificados bursátiles y pagarés que emita el Estado, en los que se hayan requerido de afectación de participaciones federales en pago, en garantía o en ambos.

Por lo tanto el artículo 344 del Código Financiero Estatal, relativo a las afectaciones de participaciones federales señala que: Las participaciones que corresponden al Estado y los Municipios son inembargables, no pueden afectarse para fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas con apego a lo dispuesto en este Código, a cargo del Estado o municipios, entidades estatales o municipales o de los fideicomisos bursátiles establecidos de conformidad con el artículo 175 de esté Código, que hayan requerido de afectación en pago, en garantía o en ambos, para la emisión de valores tales como bonos, obligaciones de deuda, certificados bursátiles y pagarés y la celebración de actos jurídicos análogos ante personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

Las operaciones deberán estar debidamente inscritas en el registro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Registro Público de Deuda Estatal y, en su caso, en el Registro de Deuda Pública Municipal correspondiente, tratándose de adeudos avalados por el Estado.

Es por lo anterior, que legalmente si el Ejecutivo del estado hace valer el cheque en blanco que autorizó la mayoría de legisladores de la presente legislatura, podrá obtener adelantos por $6,800 millones de pesos, a cabio de que la fuente financiera pueda disponer anualmente $900 millones de pesos durante 15 años, lo que representarán $13,500 millones de pesos que dejará de percibir el estado en este tiempo.

Es por ello que la presente administración estatal que concluye el 1° de diciembre del presente año, no podrá, legalmente, dejar estos fondos a la administración siguiente, de ser así, incurriría en delito al disponer de participaciones federales que los utilizó para otro fin. Por lo que en su momento, la federación auditará el destino de estos recursos. ¿Usted qué Opina?

alfredotress04@yahoo.com

¿USTED QUE OPINA?

De Eliminar La Tenencia, ¡YO ME ENCARGO!

Por: Alfredo Tress Jiménez



Finalmente el pasado jueves 15 de julio, la 61 Legislatura del Estado de Veracruz deja el antecedente mediante el decreto de ley que establece que para el año 2011 se incluya en el presupuesto de egresos del estado, subsidiar al 100% el pago de la tenencia o uso de vehículos en todo el territorio veracruzano. Asimismo, para el año 2012, no tan solo cumplir la disposición federal de eliminar la Ley Federal de la Tenencia o Uso de Vehículos, sino que el decreto de ley establece no crear un nuevo impuesto, ni sustituirlo por uno igual o similar.

Con esta disposición, los legisladores veracruzanos le cumplen a los veracruzanos, dejando claro que ningún candidato, ni el gobernador del estado, podían eliminar este impuesto, en primer lugar por ser federal, y en segundo lugar, únicamente los diputados integrantes del Congreso de Veracruz pueden determinar lo que proceda en materia de leyes.

De esta manera, se dejan de lado dimes y diretes sobre este tema tan importante para la ciudadanía que disponen de vehículos, y también para la industria automotriz. Por lo tanto, a partir del primer minuto del año 2011 se dejará de pagar por los ciudadanos que gravan este impuesto.

Ahora la pregunta será, ¿cómo se cubrirán los compromisos financieros adquiridos por el gobierno del estado a 30 años, del 2006 hasta el 2036?, tiempo en el que se dispusieron de las percepciones económicas por concepto de la tenencia o uso de vehículos.

Se debe dejar asentado que la bursatilización del 100% de los recursos provenientes de la tenencia fue por la cantidad de 900 millones de pesos anuales. El total de las percepciones de Veracruz, más el esquema financiero establecido por el gobierno del estado y la fuente fiduciaria, reflejan que los recursos provenientes de este impuesto representan el 1.2% del total de los ingresos que recibe el estado para este año. En este sentido, el subsidio a la tenencia para el 2011, la eliminación de este impuesto a partir del año 2012, y los compromisos financieros derivados de estas percepciones, serán cubiertos año con año de las participaciones económicas que recibe Veracruz.



Por lo tanto, la determinación que tomó el Congreso de pagar los compromisos financieros con las percepciones del estado, por supuesto que no es justo para el pueblo de Veracruz, ya que se deberá continuar pagando este compromiso financiero o deuda contraída durante los próximos 25 años. En síntesis, se comprometieron 27 mil millones de pesos, a cambio de recibir 8,000 millones; 6,500 para el estado y 1,500 para 199 ayuntamientos. Lo que quiere decir, que la fuente financiera ganó por realizar esta operación bursátil 19,000 millones de pesos.

En el corto plazo las dudas ciudadanas serán, ¿qué se hizo con estos recursos?, ¿qué obras de gran impacto, cómo se ofreció, fortalecen el desarrollo y mejoran las condiciones de vida de los veracruzanos?. Estos serán solo algunos cuestionamientos que nos hagamos, la deuda con el caminar del tiempo será mucho menor, debido a los remanentes que recibe el estado derivado de ésta operación financiera, más el incremento sustancial año con año por concepto de participaciones federales. Por lo tanto, lo que se deberá pagar será mucho menor al 1.2% de lo disponible por el gobierno del estado que debería aplicar a favor del pueblo.

Es por ello, que con la determinación del Congreso del Estado de aprobar por mayoría, con el voto en contra de un diputado del PAN, el decreto que determina subsidiar el pago del impuesto a la tenencia vehicular para el año 2011 y prohíbe crear un nuevo impuesto igual o similar a partir del 2012 en que desaparece la Ley Federal de la Tenencia o Uso de Vehículos, fue un acierto a favor del pueblo de Veracruz, ya que la tenencia no será pagada por los ciudadanos.

Lo que se debe podría ser lo de menos, lo importante es que se hizo a favor del pueblo con los 8,000 millones de pesos que se recibieron, ¿quiénes fueron los beneficiados, los veracruzanos o unas cuantas manos? ¿Usted qué Opina?

alfredotress04@yahoo.com

¿Usted qué opina, un
día después?

Por Alfredo Tress Jiménez

Amanecimos con gobernador, diputados y alcaldes electos; la ciudadanía se expresó con su voto en las urnas, ahora debemos de esperar que define la autoridad electoral, será el Instituto Electoral Veracruzano (IEV) y posteriormente, derivado de las impugnaciones que puedan presentar los partidos políticos por irregularidades que presuman, el Tribunal Estatal Electoral (TRIEE), organismo creado para dirimir todas y cada una de las impugnaciones que se presenten en tiempo y forma y en apego a las normas establecidas legalmente.

Aún y cuando el TRIEE confirme o revoque algún triunfo, los candidatos y sus partidos que no este de acuerdo con el fallo del Tribunal Veracruzano, tiene la posibilidad jurídica de recurrir ante el Tribunal Federal Electora (TRIFE), organismo que sus resoluciones son inapelables, lo que quiere decir que será el TRIFE quién determine en definitiva el triunfo o la revocación de los mismos con sus proyectos de dictamen.

Es por lo anterior que se ha dicho por diferentes actores políticos y analistas, que las elecciones en nuestro estado se van a judicializar, pero lo que debe saber el electorado, es que a partir de que se crean los organismos autónomos en materia electoral, todas las elecciones democráticas que sean impugnadas, deberán ser resueltas por estos organismos.

Anteriormente a la existencia de los tribunales electorales, era el gobierno federal o los gobiernos estatales, según el tipo de elección, quienes de manera discrecional y en concertacesiones resolvían alguna inconformidad, inclusive los triunfos de la oposición ganados en las urnas con el voto mayoritario de los ciudadanos, de no convenirles a los que ejercían el poder, eran cambiadas las actas y se les daba el triunfo a los que consideraban los hombres leales a su proyecto, las decisiones ciudadanas eran lo de menos.

En estos nuevos tiempos, lo anterior es sólo anécdota de lo que se hacía, es por ello que aún existen expresiones urbanas de que su voto en contra del partido en el poder no sirve, o que las elecciones son manipuladas y que gana quién tenga más recurso económico en las campañas. Esto es parcialmente cierto; sin embargo, todas las irregularidades o excesos de campaña denunciados ante la autoridad electoral con soportes legales, son analizados por el Tribunal estatal en primera instancia en los procesos locales y confirmada o no por la autoridad electoral federal. Actualmente es muy difícil que los gobiernos resuelvan a modo, ahora deben pasar por el tamiz de las autoridades electorales.

Los procesos democráticos en nuestro país han avanzado; no obstante, se continúa contando en los encargos de los organismos electorales, con ciudadanos que provienen de la decisión del gobierno en turno y de los partidos políticos mayoritarios; sumado a ello, la coacción que existe de los funcionarios que dicen obedecer al jefe superior, intentan obligar a los trabajadores de mandos medios a no promover ni ejercer el voto en contra del partido que los emplea.

Falta mucho todavía para democratizar las elecciones, la lucha por el poder es encarnizada, ya que obedece más a intereses personales que atender las necesidades ciudadanas. Los que se han dedicado a la política o han estado en la administración pública por años, su único propósito es seguir pegados al presupuesto, creyendo que sólo ellos son los dueños absolutos del poder. Por su parte los jóvenes políticos, ven en la administración pública la posibilidad de resolver sus problemas económicos de vida.

Por lo tanto, solo la ciudadanía común que es la mayoría, tiene en su mente y consecuentemente en sus decisiones, la posibilidad de darle un giro a la política y ubicar a los políticos en su justa dimensión, el poder emana del pueblo y es éste quién debe exigir a los malos gobernantes que dejen los encargos, ¿Cómo?, denunciando permanentemente a estos malos funcionarios ante las instancias correspondientes. La insistencia ciudadana por mejorar las condiciones de su entorno, en un futuro no muy lejano, cabe la esperanza de que nuestro Veracruz y el país entero, sean gobernados por personas honorables que antepongan el servicio a la comunidad por servirse de la comunidad, sin embargo en estos momentos esto es imposible, es por ello que las elecciones continuarán dirimiéndose en los tribunales, y serán un puñado de magistrados quienes a nombre de la ciudadanía decidirán quiénes nos deben gobernar.

Ojala el nuevo gobernador, los diputados y alcaldes con sus cabildos, respondan a las expectativas que generaron en sus campañas a favor del pueblo; de lo contrario, deberemos padecerlos el tiempo para el cual fueron electos, en este sentido cabe la reflexión de que “el pueblo tiene el gobierno que quiere”. ¿Usted qué Opina?
alfredotress04@yahoo.com

¿Usted que opina?
De la crítica a los hechos?

Por: Alfredo Tress Jiménez

Existe un dicho que dice: “para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta”. Este dicho es en función de que vivimos en un municipio como Córdoba que algunos criticamos el estado que guarda en todas sus áreas el municipio que encabeza la presente administración; otros, por cierto los menos, aplauden diciendo que nuestra ciudad está como nunca; y unos cuantos, se atreven a decir que no se hace nada por nuestro municipio ampliando sus comentarios a otros políticos cordobeses, extendiendo sus expresiones donde de manera unilateral adoptan a nombre de los cordobeses a otros políticos. Lo lamentable es que estos ciudadanos no dicen qué han hecho ellos a favor de nuestra ciudad.

Es muy importante conocer la historia, y no me refiero a la de nuestro país, sino a la de nuestro municipio. Tal vez hacer remembranza sobre la Córdoba de la colonia, de la Independencia o la de la Revolución, sería muy difícil para algunos; no, me quiero referir únicamente al cambio que se dio de autoridades municipales en el año de 1994, cundo por primera vez los cordobeses decidieron votar por otra opción, ya que siempre había gobernado el PRI, y en las elecciones locales del 94 por primera vez en su historia los ciudadanos decidieron otorgar el voto mayoritario al PAN, así gobernó este partido durante 3 periodos, dos de tres años y uno de cuatro; lo que quiere decir que el panismo gobernó durante 10 años a nuestro municipio.

Sin embargo, tal vez sería para algunos mucho pedirles que recordaran los tres periodos panistas, por lo tanto solo les pediría que recordaran el último periodo 2000-2004, por cierto fue alcalde el Arq. Hugo Fernández Bernal, hoy candidato a diputado local. Es importante hacer memoria que en ese periodo los diputados local y federal fueron Mauricio Duck Nuñez, surgido de las filas del PAN, y el entonces panista Sergio Penagos García; en el Senado de la República estaba en ese entonces el expanista Gerardo Buganza Salmerón; como director de refinación de PEMEX el hoy Senador de la República Juan “Bueno” Torío, también panista, y para rematar, aunque no era veracruzano pero si panista, el Presidente de la República Vicente Fox Quezada.

En ese entonces, sí, como nunca nuestro municipio tuvo en todos los encargos públicos menos el de Gobernador a panistas; el Presidente Municipal; el Diputado Local; el Diputado Federal; el Senador de la República; el Presidente de la República y entre otros, un funcionario de primer nivel en PEMEX. Pregunto: ¿Qué hicieron por Córdoba, no les bastaron 10 años para transformarla y que los cordobeses continuaran votando por ese partido. Nuevamente pregunto, ¿Qué pasó?, ojala que quien ahora dice que como nunca la ciudad tiene políticos en diferentes encargos, me explique esta historia, supongo que no se le ha olvidado, y si es que se le olvidó, pues sería bueno que hiciera un esfuerzo por recordarla o preguntar, no le pido que se remonte a la historia de México, sólo a la última administración panista.

También sería “Bueno” que nos dijeran los hombres preocupados por el desarrollo de la ciudad, que han hecho ellos por ella, tal vez si nos lo comentaran, nos dejarían un gran legado que debiéramos retomar, pero si no han hecho nada o casi nada, pues antes de criticar deberían presumir con hechos lo que deberíamos hacer los demás a favor de la ciudad.

Que yo recuerde, el único cordobés en el poder público, para ser claro desde su juventud y como Gobernador que ha hecho mucho por nuestra ciudad es Dante Delgado, si tienen duda o no recuerdan lo que ha hecho por nuestro municipio, con gusto en otra oportunidad se los puedo enumerar. Con relación a mi persona, también, si gustan, les puedo comentar que he realizado por nuestro municipio, como cordobés y como funcionario público.

Para concluir esta columna debo comentar que es una burla pretender jugar con la inteligencia de los cordobeses, decir en voz de una dama, que ahora esta metida en la política, que nuestro municipio está como nunca, refiriéndose a que estamos muy bien, es mejor que guarde silencio, porque el que se lleva se aguanta. ¿Usted qué Opina?
alfredotress04@yahoo.com

GOBERNANTES GOLONDRINOS
Por: Alfredo Tress Jiménez

En esta época electoral, bien vale la pena ejemplificar algunos políticos con las aves llamadas golondrinas, exclusivamente en el sentido de que no hacen nido, por aquello de que no terminan los puestos de elección popular para lo cual fueron electos por los ciudadanos, no tan solo incumplen promesas de campaña, sino que también dejan el cargo por el cual juraron bajo protesta honrarlo hasta el último día de su encomienda.

Es común con la depravación en que está convertida la política, observar que los funcionarios electos con el voto popular, sea por la vía de la votación directa o los llamados plurinominales, dejen su encargo con el afán de buscar otro puesto producto de la votación nuevamente de la ciudadanía. Lo único verdadero de estos golondrinos, es que dicen que mientras el ciudadano siga votando mayoritariamente por ellos, los comentarios de los opuestos es lo de menos, tienen toda la razón, mientras el ciudadano mayoritariamente vote otra vez por ellos, está más que justificada su decisión de ser políticos golondrinos.

La mayoría de habitantes del distrito de Córdoba y en particular del municipio que acuden a las urnas, han vuelto en las dos últimas elecciones municipales y la última de diputados locales, ejemplo para robustecer este comentario, ya que existen dos personas que buscaron y fueron alcaldes, el primero, dejó esta responsabilidad para ser diputado local, también ganó, después dejó la diputación para ser funcionario estatal, ahora se menciona para ser nuevamente candidato a la alcaldía. El segundo, deja el cargo para ser postulado por su partido, el PRI, en busca de la diputación local.

Este último no tan solo deja el cargo de alcalde que juró cumplir hasta el último día, sino que también deja muchas cuentas pendientes. Se comprometió hacer de Córdoba la # 1; Se comprometió a dotar agua potable a todos los hogares con su slogan “Agua para Todos”; Se comprometió hacer un centro de Convenciones para detornar el desarrollo empresarial; Se comprometió hacer un centro de Alto Rendimiento; Se comprometió a detonar el empleo, la inversiones económicas y productivas, en fin, se comprometió a todo; Sin embargo, todos esos compromisos fueron palabra incumplida.

Deja la alcaldía para que nuevamente con más promesas de campaña, busque que la votación mayoritaria de la ciudadanía le favorezca a él y a su partido, y lo conviertan en diputado local. De ser así, tal pareciera que al ciudadano que vote mayoritariamente por él, no le importa, que llegue al poder quién diga más mentiras, quién incumpla su palabra empeñada y quién no tenga honor ni dignidad, valores esenciales en la vida de un ser humano bien nacido.
El alcalde cordobés con licencia, aprobada sólo por los diputados priistas, deja el cargo con pendientes graves: 8 obras de la bursatilización que suman 22´515,087.13; existen pendientes de ejercer de $8´603,330.86 pesos. 2 obras del programa Peso a Peso que suman $3´763,905.31; están pendientes por ejercer $1´859,893.1 pesos. En total, los dos esquemas suman $26´278,992.44 pesos; de este total, $10´463,223.95 están pendientes por pagar derivado de que las obras están inconclusas y mal hechas. Recursos económicos que ya no existen en las arcas municipales.

Asimismo, 48 obras que se suman a las 10 anteriores, reflejan el no pago de $7´225,353.10, y que además son obras inconclusas, en el mejor de los casos, ya que en muchos de ello ni siquiera existen, haciendo un gran total no pagado de $17´482,564.1. Dinero que ya no existe en las arcas municipales.

Además del presunto desvío de recursos, sin excepción, ninguna obra está soportada documentalmente con Anteproyecto de propuesta de inversión; Validación del proyecto por la dependencia normativa; Proyecto ejecutivo; Propuesta base; Análisis de precios unitarios; Convocatoria pública; Bases del concurso; Acta de presentación y apertura de propuesta técnica y económica; análisis de la propuesta consistente en: (cuadro comparativo, dictamen técnico, acta de adjudicación o fallo, contrato de obra, presupuesto contratado, análisis de precios unitarios y programa de ejecución de obra).

Así como, no se dispone de Convenios adicionales; Números generadores de volúmenes de obra ejecutiva; Reporte fotográfico; Finiquito de obra; Bitácora o instrumento de control equivalente; Sanción por incumplimiento al contrato y/o al programa de obra, ni evidencia de la participación del supervisor responsable durante la ejecución de la obra; Incompleta la estimación de la obra. No existen proyectos ejecutivos, ni finiquito de las mismas; entre otros conceptos, de manera particular en cada una de ellas.

También dispuso el alcalde con licencia de recursos federales, mezclando recursos utilizados de los Fondos para la Infraestructura Social Municipal (FISM); Fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) o Ingresos Municipales, en muchos de los casos no han reintegrado los recursos por un monto de $5´553,059.32. Dinero que ya no existe en las arcas municipales.

Algo por demás sorprendente, es que de los dos programas, Bursatilizacion y Peso a Peso, se aperturaron cuentas en bancos como BANAMEX y BANORTE reflejando un rendimiento superior a 3.5 millones de pesos, recursos que no fueron registrados contablemente; además, existen cheques emitidos para la conclusión de algunas obras que no fueron entregados a los contratistas. Así como la simulación en la compraventa de un terreno por la cantidad de $3.5 millones de pesos.
Con todos estos pendientes, se le autoriza licencia a este alcalde, pareciera ser que nuestro municipio está destinado a contar con autoridades golondrinas electas con el voto mayoritario, que ocupan el cargo que los ciudadanos le confirieron jurando cumplirlo hasta el último día, y con total desfachatez, ahora dicen que aspiran a servir a su municipio en otra responsabilidad, con este alcalde con licencia, son dos que sufren de este mal. Ojala exista la alta responsabilidad ciudadana y el voto del próximo 4 de julio sea reflexionado. Sin embargo, el pueblo tiene los gobernantes que quiere. ¿Usted qué Opina?

Una Reforma Urgente

Por: Alfredo Tress Jiménez



En materia de transporte público, en el Estado de Veracruz se presentan irregularidades que no son ajenas a la ciudadanía, a la que incluso afectan gravemente. En las últimas fechas hemos sido testigos de la serie de accidentes en los que personas indefensas de todas las edades y condiciones sociales han sido víctimas de la imprudencia, irresponsabilidad y hasta brutalidad con que conducen algunos operadores del servicio del transporte público urbano, pues tan sólo en lo que va de este año se reportan 8 decesos en diferentes municipios, que han causado consternación e impotencia entre la población y que, lamentablemente, han enlutado hogares de personas modestas.



En noviembre del año próximo pasado, el Congreso del Estado aprobó modificaciones al Código Penal, con la intención de que con el incremento de las penas se redujeran este tipo de hechos delictuosos; sin embargo, observamos con tristeza que sólo dos meses después continúan cometiéndose este tipo de delitos.



Estos hechos aberrantes obligan, a los legisladores, a enfrentar con toda responsabilidad lo que continúa aconteciendo en este tema tan doloroso, como es la muerte de un ser humano, para dar respuesta a la ciudadanía que exige medidas aún más severas, por lo que se tienen que establecer en la Ley de Tránsito y Transporte mecanismos jurídicos que otorguen más derechos al ciudadano, propiciando con ello que disminuyan sustancialmente los accidentes con desenlaces fatales, así como las complicidades, compadrazgos, intereses, conveniencias, negligencia e irresponsabilidades que median en este ámbito.



Actualmente, el marco normativo continúa dejando en estado de indefensión a quienes se encuentran en la penosa circunstancia de perder a familiares, víctimas de negligentes chóferes que prefieren, en muchos de los casos de manera premeditada, alevosa y ventajosa ultimar a su víctima, ya que pareciera ser que les es más económico causarles la muerte que enfrentar los gastos por lesiones, pues en algunos casos las personas quedan imposibilitadas de llevar una vida plena, al afectarse sus facultades físicas y hasta mentales.



Esta misma legislación exige una póliza de responsabilidad civil vigente y convierte a la empresa aseguradora, el conductor y el propietario de la concesión en deudores solidarios, obligados a responder por los daños y perjuicios causados a terceros, en su persona y patrimonio, pero por desgracia el monto es irrisorio y aun cuando el pago a los deudos no justifica y mucho menos repara el daño causado, es necesario exigir mayores sanciones, para lo cual un servidor propone, establecer que el concesionario de la unidad con la que se cometa un homicidio o se produzcan lesiones, indemnice a los familiares cubriendo un monto verdaderamente representativo, quedando en garantía la unidad con la que se cometió el accidente, a fin de que en caso de no cubrirse la cantidad establecida, se proceda al embargo de la unidad para el pago de la indemnización.



De igual manera, la ley en comento prevé, la suspensión temporal por tres meses de una concesión en caso de que se cometa un delito con el vehículo autorizado para prestar el servicio de transporte público, por lo que la iniciativa que se pone a consideración propone que tratándose de los delitos de homicidio y lesiones, se proceda a la revocación inmediata de la concesión.



El objetivo central de esta iniciativa, además de incrementar las sanciones a los delitos cometidos, es el de prevenir este tipo de actos, regulando los límites de velocidad de las unidades que presten el servicio de transporte público de pasajeros, en sus modalidades urbano y suburbano en zonas urbanas, de alta población y escolares, para lo cual las unidades deberán equiparse con limitadores de velocidad y para mayor seguridad de los usuarios, deberán contar también con circuitos para cerrar automáticamente las puertas. Para hacer respetar estas disposiciones se establecen sanciones a los conductores que las violenten y a quienes conduzcan en estado de ebriedad, bajo el influjo de estupefacientes u otras sustancias tóxicas, cancelándoles definitivamente la licencia para conducir.



Finalmente se busca establecer con claridad en la ley la forma en la que se fijarán las tarifas a que se sujetará la prestación del servicio de transporte público, las condiciones y reglas para definir las mismas, así como las consideraciones y temporalidad en su aplicación, siendo el Congreso del Estado quien determine el incremento correspondiente ya que actualmente es el Secretario de Gobierno quien tiene esta atribución.



Es indispensable alzar la voz para que las autoridades estatales hagan valer y respetar las leyes que nos rigen en materia de tránsito, por que de ser así, no existirían unidades piratas ni la invasión de rutas que golpea la economía de los transportistas que se encuentran establecidos cumpliendo todas las disposiciones y requisitos de ley, ya que actualmente la Secretaría de Gobierno es la encargada de revocar las concesiones cuando se preste el servicio con unidades no autorizadas o el concesionario explote rutas para las cuales no tenga permiso; por otro lado, resulta necesario que se haga valer la antigüedad máxima de 15 años para los vehículos que presten el servicio, disposición que de observarse reduciría drásticamente el índice de accidentes.

¿Usted qué Opina? alfredotress04@yahoo.com

POR LEY, EN EL NIVEL MUNICIPAL

MÁS CIUDADANOS Y MENOS GOBIERNO

Por: Alfredo Tress Jiménez

En estos momentos de cuestionamientos ciudadanos por la falta de eficacia en la aplicación de los recursos económicos públicos en las administraciones de los tres niveles de gobierno, se hace necesario actuar en la célula más cercana a la gente como lo es el Municipio Libre.

El pasado 21 de enero se votó a favor, unánimemente, por los diputados integrantes de la LXI Legislatura del Estado, la iniciativa que presentó un servidor, misma que reforma y adiciona diversos artículos a la Ley Orgánica del Municipio Libre.

Con la reforma planteada, inicia la profesionalización del servicio público municipal, ya que en estos nuevos tiempos de incredibilidad ciudadana en la política y los políticos, es inaplazable avanzar normativamente para lograr la profesionalización de los servidores públicos municipales, sobre todo de aquellos que, por la naturaleza de sus atribuciones, tienen responsabilidades importantes en el accionar cotidiano en los órganos de gobierno del nivel municipal. Por lo que la norma establece que tanto el tesorero o tesorera, el secretario o secretaria del ayuntamiento, el director o directora de obras públicas y el auditor o auditora, deberán disponer de título profesional acorde a su cargo y con experiencia, preferentemente de 3 años, debiendo ser aprobado su nombramiento por el cabildo, a propuesta del Presidente Municipal.

Por lo tanto, la elaboración de la obra pública, los temas jurídicos y las auditorias en primera instancia, fortalecerán el desempeño público de la vida municipal, teniendo los ciudadanos más certeza de que los recursos económicos y acciones de gobierno están en manos de ciudadanos capaces en las áreas correspondientes, evitando que formen parte de los ayuntamientos, personal de confianza que atiendan sólo a un compromiso o vinculo personal.

Otra parte importante de la reforma, es la creación de los Consejos de Planeación para el Desarrollo Municipal, definidos como órganos de participación y consulta ciudadana, auxiliar del Ayuntamiento en las funciones relativas a la planeación y supervisión, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas de los sectores público, social y privado del municipio, designados por el Cabildo, a propuesta del Presidente Municipal, tendrán el carácter regional y, será vinculatorio con el nivel estatal y federal, midiendo en el corto plazo los índices de desarrollo humano de los habitantes del municipio, esto es, avances tangibles en materia educativa, de salud, vivienda, infraestructura, empleo, seguridad pública; en fin, desarrollo real y pleno de los ciudadanos.

Algo que se destaca, es que con esta reforma los Planes Municipales de Desarrollo, deberán publicarse en la Gaceta Oficial del Estado, y serán obligatorios para las dependencias de la administración pública municipal, y en general para las entidades paramunicipales. Solo podrán ser modificados, mediante el mismo procedimiento requerido para su elaboración, aprobación y publicación, cuando así lo demande el interés ciudadano o las necesidades de carácter técnico o económico.

Actualmente, para justificar la transparencia y rendición de cuentas, existen y se crean más dependencias, normas y leyes de fiscalización de los recursos del pueblo, pero el ciudadano común ya no cree en las mentiras estadísticas. Por lo tanto, la participación ciudadana activa jugará un papel determinante para el cumplimiento de las metas establecidas y que las promesas de campaña, realmente se cumplan en los planes municipales de gobierno. Es por ello, que se promueve la creación y constitución de Comités de Contraloría Social, que serán responsables de supervisar las obras y acciones públicas municipales, para lo cual, por cada obra proyectada, deberá constituirse un Comité de Contraloría Social, y de ser necesario por las características técnicas o las dimensiones de la obra, exijan la integración de más de uno.

Las Contralorías Sociales, las integrarán ciudadanos con carácter honorífico y no podrán ser integrantes los dirigentes de organizaciones políticas o servidores públicos, estableciéndose las funciones que tendrán a su cargo.

Así también, se consolidan las acciones del gobierno municipal a favor del ciudadano, ya que son justamente ellos la fuente originaria de la energía que nutre al poder político y referente ético de legitimidad en el ejercicio del mismo, son los ciudadanos, la razón de toda acción particular o colectiva, por lo que ninguna política pública puede prosperar y mantener vigencia con estabilidad, si no tiene como sustento el interés y la participación de los sectores mayoritarios de la sociedad.

Con esta reforma que surte efectos con las nuevas administraciones municipales, lo que quiere decir que su aplicación será a partir del 1º de enero de 2011, se le da en el nivel municipal más participación activa a la ciudadanía, y con ello se modifican las estructuras municipales, haciéndose realidad que en los próximos ayuntamientos exista más sociedad y menos gobierno. ¿Usted qué Opina?
alfredotress04@yahoo.com

¿A FAVOR DE QUIÉN?

EL NUEVO PACTO

Por: Alfredo Tress Jiménez

El Pacto de Gobernabilidad y Desarrollo, los Acuerdos en Materia de Seguridad Pública, la Comisión Especial para la Estabilidad de Precios en la Canasta Básica, las promesas mediáticas de bajar el costo de la tortilla, el ofrecimiento de respaldar con subsidios al transporte público, la insistente petición al gobierno federal de disminuir el costo de las tarifas eléctricas para los veracruzanos; todo se ha quedado en el discurso.
A escasos 12 meses de concluir el gobierno estatal, estos pactos o acuerdos solo fueron aspiraciones mentales para que el pueblo escuchara que tienen un gobierno preocupado por la economía de las familias, pero que en la realidad, ni gobernabilidad ni desarrollo, ni seguridad pública e impartición de justicia, ni estabilidad en precios al consumidos, ni subsidios al transporte público, ni reducción en las tarifas de corriente eléctrica. Por el contrario, se escucha a un pueblo desesperado, hastiado, incrédulo; que expresa de la política y los políticos lo peor que nos podamos imaginar, su reflexión es, ¿hasta cuando cambiarán las condiciones de vida a favor del pueblo conformado por 212 municipios, con una población superior a los 7 millones de habitantes, de los cuales 2.8 millones se ubican en la pobreza y de los 4.2 millones restantes, 2.1 millones se debaten para no formar parte de las cifras de pobres que día a día se generan en Veracruz?
El gobierno soporta todo en mensajes mediáticos, pero en la realidad sus políticas públicas y manejo económico son aún más desalentadores, justifican el pésimo estado económico, el mal manejo de la economía por parte del gobierno federal, sólo habrá que preguntarles, ¿qué han hecho por su pueblo con los recursos históricos que les asignó la federación desde que son gobierno?, ya que comparado con los dos últimos sexenios rebasaron en alrededor de un 200% los ingresos asignados por la federación.
La cifras reales que reflejan una deplorable atención en la salud, la seguridad pública e impartición de justicia que favorece solo a las minorías que son los aliados del gobierno en turno, la educación ubicada en los índices evaluatorios nacionales en el lugar 23 de 31 estados, el campo que continúa esperando la ansiada justicia social que se les prometió desde 1910, las inversiones en infraestructura urbana que sólo existen en papel, pero que en la realidad son cifras totalmente falsas, en lo financiero deuda por todos lados, pero se insiste en que existe superávit en las finanzas estatales. En conclusión, puras mentiras estadísticas.
De los municipios no hay mucho que decir, una copia al carbón de la política estatal en todas sus áreas, inclusive existen alcaldes que desean parecerse tanto al ejecutivo estatal, que hasta la lotería dicen que se sacaron.
De la fiscalización, se continúa esperando los resultados objetivos y transparentes por parte del ORFIS en cuanto a la bursatilización del 20% a la Tenencia y Uso Vehicular. De la cuenta pública 2008, se espera que la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso, emita su determinación en apego a la realidad que se vive en casi todos los municipios del estado consistente en desvío de recursos a favor de unos cuantos, obra pública inexistente, en el mejor de los casos, escasa y de mala calidad, mínimo desarrollo económico, programas sociales soportados en OPORTUNIDADES y demás programas federales; en síntesis, gobiernos municipales avocados al asistencialismo con nulo desarrollo humano.
El hartazgo ciudadano en contra de los políticos y sus políticas públicas instrumentadas por gobiernos incongruentes e ineficaces, que ofrecen en campaña los sueños y anhelos de los ciudadanos de más empleo, menos impuestos, en suma, mejores condiciones de vida. De esto y más sólo queda el falso discurso en campaña, ya que las acciones de gobierno son contrarias a lo que algún día externaron con voz en cuello, falsedad y mentira, que a estas alturas se traducen en incrementos permanentes a productos e insumos, más impuestos, en consecuencia nula creación de empleos, el nivel de desarrollo humano muy por debajo de la media que existe en América Latina, en lo económico, se nos destaca en el cabus de los países subdesarrollados de nuestro continente.
Urge un acuerdo donde preferentemente se involucren los tres poderes del estado, incorporando a este esfuerzo a los municipios, empresarios, comerciantes, productores; en fin, a todos quienes participen activamente en la activación económica, desarrollo social y procuración e impartición de justicia y seguridad pública, mediante un documento claro con objetivos, líneas de acción y metas a corto plazo. No más Pactos o Acuerdos que sólo traigan beneficios políticos mediáticos para el gobierno en turno. ¿Usted qué Opina?
alfredotress04@yahoo.com