LA CONSULTA CIUDADANA

POR: ALFREDO TRESS JIMÉNEZ

Ayer se realizó la Consulta Ciudadana para la reforma Energética, fue un hecho inédito e histórico y ojala en las futuras decisiones que atañen al país se siga consultando el sentir de los mexicanos. No se cree que un mecanismo democrático y legal como este debiera ser descalificado. Al contrario, se fortalece la discusión sobre el futuro de la principal riqueza de nuestro país.

Cabe recordar que en el paquete de iniciativas de la Reforma energética, el Gobierno Federal pretende hacer cambios sustantivos en la Constitución Mexicana, en particular el Artículo 27, donde se busca establecer que los hidrocarburos, su exportación, regulación, almacenamiento, transporte, ductos, entre otros, ya no sea una actividad exclusiva de la Nación por conducto de Petróleos Mexicanos.

En este sentido, Pemex se quedaría sólo con la extracción de crudo, mientras que la refinería, ductos, almacenamiento, distribución, interconexiones y otras actividades quedarían abiertas a empresas extranjeras.

Este tipo de cambios constitucionales traería otras implicaciones adicionales como que los convenios mercantiles con empresas extranjeras, estén sujetos a la jurisdicción de tribunales extranjeros, lo que significa dar por tierra la doctrina mexicana, al resolverse los recursos estratégicos en áreas extranjeras sujetos a otra normatividad.

Otro de los argumentos con los que se pretende lograr esta reforma es que las finanzas de Pemex se encuentran mal; sin embargo, se debe de hacer una revisión en las finanzas de la paraestatal. En los últimos ocho años son más de 70 mil millones de dólares que se obtuvieron al tener el precio más alto de petróleo, tan sólo en este año el superávit es de cerca 25 mil millones de dólares.


El debate sobre la Reforma Energética y el intento de privatizar la explotación del petróleo, en forma oculta, tiene que ver con las áreas estratégicas de la economía, diferentes a las áreas prioritarias, y mucho más lejanas de aquellas que quedan en el campo de la iniciativa privada. El crudo está dentro de las áreas estratégicas, bajo el cargo del Estado, de manera exclusiva, esto es, sin posibilidad alguna de que otro sector, el social o el privado, puedan intervenir.

Si Pemex comparte de cualquier manera, directa y abiertamente o con argucias, se vulnera un área estratégica de nuestro sistema económico y se pone en riesgo hoy y para el futuro la soberanía de nuestra patria. La reforma energética del Gobierno Federal podría poner en riesgo la estabilidad del país, ya que traería como consecuencia inmediata una problemática mayor en materia de generación de empleo, además de que limitaría la posibilidad de un verdadero desarrollo en México. La discusión de este tema es un punto fundamental para el país porque tiene que ver con su viabilidad como nación. El tema del petróleo no está etiquetado a una persona o partido político, Es de interés nacional y todos tenemos derecho a opinar, a decidir y a votar en una consulta abierta.

La opinión de los ciudadanos que participaron ya está hecha, si usted votó por el SI o por el NO, quedará en la conciencia y responsabilidad de cada quien con respecto a las futuras generaciones, pero sea cuál sea el resultado que se dé a conocer, dimos un claro ejemplo de que somos una sociedad responsable. En los próximos días nos enteráremos de las acciones a emprender por parte de la derecha para lograr a toda costa privatizar el petróleo, más aún cuando vieron que no les será nada fácil. Es evidente que efectivamente urge un cambio, una reforma energética, pero la pregunta central del debate está en qué sentido debe hacerse ese cambio sin que afecte a miles de millones de personas con una privatización que traería alzas a los precios de los productos de la canasta básica, entre otros, y que dañaría la ya de por sí la lastimada situación económica de los mexicanos. ¿Usted qué opina?
alfredotress04@yahoo.com

LA CONSULTA POPULAR PARA LA REFORMA ENERGÉTICA

POR: ALFREDO TRESS JIMÉNEZ

Después de 18 foros y la exposición de aproximadamente 140 ponentes de la más alta calidad en el debate que organizó el Poder Legislativo sobre la Reforma Energética, quedó plenamente acreditado que las iniciativas que envió al Senado Felipe Calderón, deben rechazarse porque son contrarias a la Constitución y plantean la privatización de PEMEX. De esta manera, las fuerzas políticas integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP), llevarán el próximo domingo 27 de julio, en todo el país, una consulta popular sobre esta reforma que se discute en el Congreso. El objetivo es instalar alrededor de 15 mil mesas, donde se recibirá la opinión de millones de ciudadanos sobre este importante tema para todos los mexicanos.

Las preguntas que contiene la boleta de la consulta popular son: Actualmente la explotación, transporte, distribución, almacenamiento y refinación de los hidrocarburos son actividades exclusivas del gobierno, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo que en esas actividades puedan ahora participar empresas privadas?" y "En general, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo con que se aprueben las iniciativas relativas a la reforma energética que se debaten actualmente en el Congreso de la Unión?"

La crítica situación en que se encuentra el sector energético, particularmente el petrolero, ha provocado una intensa discusión en los medios de comunicación que ha generado inquietud social. Por un lado, no se conocen los contenidos de las diversas propuestas de Calderón y por el otro, el tema petrolero toca las fibras más sensibles de la sociedad mexicana.

Lo que existe es una gran desinformación que provoca confusión; ante la falta de propuestas la derecha gasta cantidades de dinero exorbitantes en spots de radio y televisión señalando que no hay nada de qué preocuparse, que el país está bien y que lo que se busca es "modernizar a PEMEX", con estos mensajes pretenden aturdir a la ciudadanía, tranquilizar conciencias, adormecer voluntades y distorsionar el verdadero sentido de la defensa de la renta petrolera. No olvidemos que en materia energética están presentes intereses políticos y económicos externos, a propósito la reflexión del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva: "detrás de la materia energética se encuentran empresas poderosas y, a su vez, detrás de ellas gobiernos poderosos".

PEMEX se descapitalizó y varió sus objetivos; importamos el 40% de la gasolina que consumimos, debido a que no se han construido refinerías desde 1979. La exploración se descuidó, la producción por pozo declinó. Las reservas cayeron 27 por ciento, restándonos únicamente 10 mil millones de barriles de reservas. También se jubiló tempranamente y se despidió a personal calificado; al mismo tiempo se descuidó la investigación y el desarrollo tecnológico. Se obligó a PEMEX a endeudarse mediante Pidiregas, Financiamiento oneroso que favorece por sus características a las grandes empresas internacionales.

La situación de la paraestatal parece obedecer a un plan de privatización que se ha venido cumpliendo lento, pero firmemente; tiene su origen en las conocidas presiones que ha ejercido Estados Unidos sobre México para asegurar el suministro de petróleo a esa nación. Las presiones tienden a acentuarse en épocas de crisis financiera, como en 1995 cuando a cambio del préstamo de 20 mil millones de dólares, se dio de garantía la exportación de petróleo y se asumió el compromiso de privatizar la generación eléctrica y los complejos petroquímicos, así como la concesión y distribución, transporte y almacenamiento de gas natural.

Es evidente que efectivamente urge un cambio, una reforma energética, pero la pregunta central del debate está en qué sentido debe hacerse ese cambio sin que afecte a miles de millones de personas con una privatización que traería alzas a los precios de los productos de la canasta básica y que dañaría la ya de por sí lacerada situación económica de los mexicanos.

Estamos en presencia –riesgo u oportunidad, según se vea- de reformar todo un sistema que tiene amplias dimensiones y repercusiones. En el juego democrático se dan factores de mayorías y minorías, pero no olvidemos que en materia constitucional, en materia de decisiones políticas fundamentales que son las que definen a un Estado y vinculan al gobierno con su pueblo y que integran socialmente a una nación, antes de cambiarlas se debe consultar la voluntad efectiva sobre si la sociedad aprueba que el mercado y la renta petrolera ya no sean solo de México, sino que se compartan con intereses privados internos y externos. Por eso es importante que el próximo domingo 27 de julio salgamos a votar a partir de las ocho de la mañana y participar en esta consulta popular ubicando la mesa más cercana a su domicilio. La responsabilidad es histórica, los que deben tomar las decisiones deben sopesar cuidadosamente los pros y contras ya que la soberanía y la seguridad energética, así como la renta petrolera, no solo nos atañen a nosotros sino que pertenecen también a nuestros hijos y a las generaciones futuras. Salgamos a manifestarnos este próximo domingo 27 de julio de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, las mesas receptoras de la opinión de usted sobre la consulta popular, no es a favor o en contra de un partido político, es a favor o en contra del futuro de nuestro país y en consecuencia de nuestros hijos. Exprésese, no se quede con la duda, salga a decir NO ESTOY A FAVOR DE LA PRIVATIZACIÓN PETROLERA o SI, usted tiene la última palabra. ¿Usted qué opina?
alfredotress04@yahoo.com

¿HASTA CUÁNDO LAS ADECUACIONES

ELECTORALES EN VERACRUZ?

POR: ALFREDO TRESS JIMÉNEZ

Antes del día 31 de este mes, los presidentes de las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y Organización Política y Procesos Electorales del Congreso Local, deberán dictaminar sobre las Reformas Constitucionales Federales en materia electoral. A la fecha ha existido falta de voluntad o desconocimiento para cumplir con este mandato federal, puesto que los diputados priistas argumentan: "hay demasiada carga de trabajo". Sin embargo de no dictaminar las reformas incurren en omisión legislativa.

Las Reformas Constitucionales Federales en materia electoral establecen que una vez promulgadas por el Ejecutivo Federal, se tiene un año para poderlas adecuar a las Constituciones Locales en cada entidad federativa, venciendo el plazo el 14 de noviembre de este año. Además de que estas adecuaciones en cada estado deben hacerse en dos periodos ordinarios de sesiones de los Congresos locales de forma consecutiva, para que posteriormente sean enviadas a los 212 cabildos para su conocimiento y votación. Actualmente en comisiones existen dos iniciativas, una enviada por los diputados de Convergencia, PAN, PT y PRD; y la otra por el Ejecutivo de Veracruz.

Contrario a lo que la semana pasada señaló el presidente de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, Francisco Portilla Bonilla, en el sentido de que las iniciativas tanto de los partidos como del gobernador no se han dictaminado, debido a que no se han logrado poner de acuerdo con la oposición en temas tales como prerrogativas y distribución de tiempos en los medios de comunicación televisivos, entre otros. Lo cierto es que no se necesitan negociaciones, ni que le hagan caso a los diputados de oposición, lo que tienen que hacer es acatar el mandato federal y darle agilidad, durante este periodo ordinario de sesiones se tiene que aprobar en la primera etapa dicha reforma y posteriormente se tendrá que retomar en el mes de noviembre para lograr la homologación final.

Poner como pretexto la excesiva carga de trabajo es ilógico y risible, cuando la realidad es que la ausencia legislativa de priistas en el Congreso es evidente, debido a que la mayoría de legisladores del partido tricolor, pareciera que no existen. Lo único que pretenden los diputados del PRI es ganar tiempo para retardar las adecuaciones a nuestra Constitución evadiendo la ley y con ello, continuar cometiendo excesos en publicidad gubernamental, entre otras acciones, a favor del partido rojo.

Es lamentable que por falta de convicción o desconocimiento en materia electoral, los diputados priistas estén a la espera de que asesores del ejecutivo les envíen el dictamen sobre las modificaciones que sufrirá la Constitución de Veracruz en materia electoral, lo grave es que seguramente pretenderán burlar y burlarse de la ley. Pero no se les olvide que los partidos garantes de la democracia en Veracruz, de ser necesario acudirán a los tribunales para hacer valer los mandatos federales.

Continuarán quedando en ridículo estos legisladores en el Congreso, y sobre todo los diputados que presumen ser abogados que conocen profundamente las leyes y su aplicación. Seguramente pretenderán una vez más hacer de las modificaciones federales en materia electoral, la voluntad del ejecutivo del estado.

Homologar la Constitución local con la Federal en materia electoral no tiene nada de novedoso ni difícil, si los diputados priistas no tienen la intención o no pueden desahogar el tema, hay diputados progresistas que sí tienen capacidad para hacerlo. Sería interesante y sano, realizar un debate público donde participen los presidentes de las comisiones unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y Organización Política y Procesos Electorales, con diputados de oposición, para que a los veracruzanos les quede claro cuál es la verdadera intención.

Esperemos que se haga lo necesario y se insista que la Reforma Electoral en Veracruz urge y debe ser aprobada. La mayoría de los mexicanos no creen ni en los partidos políticos ni en los políticos, se debe insistir en no actuar por interés propio, principalmente en estos nuevos tiempos donde se exige una visión distinta en la forma de hacer política.

No se les olvide señores diputados priistas, que para modificaciones o reformas en materia electoral, no es suficiente negociar con algunos diputados de oposición para obtener la mayoría calificada (34 votos). Si se violentan las disposiciones federales, bastará con que un partido político acuda a los tribunales competentes para corregirles las omisiones, el desconocimiento de la ley en la materia y la burla que pretenden continuar haciéndole al pueblo de Veracruz. ¿Usted qué opina? alfredotress04@yahoo.com

LOS ESTUDIANTES NO ADMITIDOS

POR LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Por Alfredo Tress Jiménez

Una de las más altas prioridades de cualquier gobierno que se diga comprometido con el futuro de la sociedad y con la visión necesaria para dar respuesta a las necesidades sociales es la atención a la juventud.

Hoy, han quedado atrás aquellos dichos de que "la juventud es el futuro de la nación" o de que "la juventud de hoy llegará a regir los destinos de nuestro país", pues dos factores importantes han hecho que queden rebasados: la dinámica acelerada de la sociedad que ha provocado el cambio de roles de los diferentes grupos generacionales que la integran y la mayor madurez de los jóvenes que han pasado de ser entes sociales pacíficos y simples espectadores a ser nuevos actores sociales, que reclaman y merecen espacios en la vida política, social y económica.

De ahí, la obligación del Estado de establecer políticas públicas dirigidas a resolver y atender las necesidades y los problemas de los jóvenes, ya que en este momento más que representar el futuro de México y en nuestro caso el de Veracruz, constituyen parte importante de la ciudadanía que lucha día a día por ocupar y poseer un espacio y por que solamente atendiendo sus necesidades podemos asegurar el futuro, tanto de ellos en lo individual como el de nuestra sociedad en lo colectivo.

Dentro de estas políticas públicas que dan respuesta a las demandas de la juventud se encuentra la oferta de la educación en todos sus niveles, pero sobre todo el de la educación superior, que asegura la preparación, la formación y el desempeño de jóvenes profesionistas altamente calificados y poseedores de conocimientos, habilidades y competencias que les permitan desempeñarse con un alto nivel de calidad en el entramado social donde les corresponda vivir.

Así pues, la educación superior constituye una política pública prioritaria para dar respuesta a los jóvenes que contando con los antecedentes académicos adecuados deben tener derecho de acceso a las instituciones que ofrecen educación superior, llámense universidades, normales, tecnológicos u otras.

En Veracruz, no dudamos en reconocer que mucho se ha hecho y avanzado en cuanto a la educación superior. Pero también debemos reconocer y preocuparnos porque falta mucho por hacer, tanto cualitativamente como cuantitativamente.

En cuanto a la calidad de la educación mucho se ha escrito, dicho y debatido, pues uno de los aspectos en que México se encuentra ocupando lugares nada satisfactorios en el mapa mundial es precisamente en la educación. Para resolver este problema, se han implementado ya diversas medidas. Lo anterior no impide reconocer desde esta tribuna el papel importante y siempre prioritario de los maestros veracruzanos que día a día se esfuerzan por mejorar su desempeño y su quehacer docente.

En cuanto al aspecto cuantitativo, es satisfactorio el avance en el nivel básico y medio, pero no así en el nivel superior, donde aún miles de jóvenes no ven satisfecho su derecho de acceso a instituciones de educación superior.

En este sentido, resulta preocupante que a partir del anterior sábado 21 de junio la Universidad Veracruzana (UV), Casa de Estudios de todos los veracruzanos, diera a conocer las cifras relativas al número de aspirantes admitidos para el próximo ciclo escolar y que suman 15 mil plazas a diferencia de 13 mil 645 en el año pasado, las cuales constituyen el 42.37% de la demanda total lo cual representa la cantidad de 35 mil 400, de los cuales no accederán a la UV 20 mil 400.

Si bien, las cifras de ingreso de este año superan las del anterior cuando únicamente se ofrecieron 13 mil 645 plazas ante una demande de 40 mil 306 jóvenes, la cifra de rechazados fue de 25 mil 780, de acuerdo a información ofrecida por la misma Casa de Estudios. Y a su vez estas cifras tienen otra connotación; cada aspirante paga poco más de 400 pesos para obtener su ficha y derecho al examen de admisión, resulta interesente conocer entonces en qué se gastó y sigue gastando todo el dinero que pagaron los estudiantes rechazados de la UV, porque lamentablemente es un dinero que ya no les devuelven.

Pero más allá de las cifras exactas, resulta preocupante, que precisamente en este Año Iberoamericano de la Juventud, miles de jóvenes se encuentran junto con su familia ante el dilema nada agradable de optar por la espera de un año para tener otra oportunidad, buscar un empleo que rara vez encontrará y si lo hace en pocos casos será bien remunerado o ingresar a una institución privada pagando colegiaturas cada vez mas elevadas y estudiando quizás otra licenciatura diferente a la que en un inicio quería.

Pero en cualquiera de las opciones mencionadas, los jóvenes y su familia pasan un momento de crispación, desesperación y angustia pues no es poco lo que está en juego: el futuro de sus hijos, el futuro del joven que desea seguir estudiando, el futuro de quien con esfuerzos y sacrificios ha cursado el nivel básico y medio.

Por otra parte, reconocemos los esfuerzos de la Universidad Veracruzana por ser una de las mejores instituciones de educación superior de todo el país en sus vertientes académica, de investigación y de creación artística y promoción cultural. Pero también, no podemos ni debemos desconocer que el Ejecutivo Estatal en su campaña electoral ofreció que ningún joven aspirante a la educación superior dejaría de ver cumplido su derecho de acceso a la educación superior, lo cual no ha cumplido. Y también, debemos señalar que los mecanismos alternativos establecidos en un momento no han funcionado satisfactoriamente como lo son la dotación de becas para cursar estudios en instituciones privadas y la creación del Consorcio Clavijero.

Debemos comentar que el entonces candidato a gobernador por el PRI comprometió en campaña que de ser electo, ningún joven de cualquier nivel socioeconómico se quedaría sin la oportunidad de ingresar a la educación superior pública y gratuita, por lo que a cuatro años de gobierno el Ejecutivo del Estado debe establecer urgentemente medidas alternativas para que los 20 mil 400 jóvenes rechazados este año por la UV, junto con los de otras instituciones de educación superior, como la Benemérita Escuela Normal Veracruzana y los acumulados de años anteriores, cuenten con la posibilidad real y efectiva de continuar ininterrumpidamente sus estudios de educación superior. De esta manera se estará cumpliendo con un derecho social que no podemos ignorar ni soslayar por todas las implicaciones que conlleva: el derecho de acceso a la educación superior para conformar una sociedad mejor para todos. ¿Usted qué opina?

alfredotress04@yahoo.com

LOS CONSEJEROS DEL IEV

Por Alfredo Tress Jiménez

Es sorprendente buscar en el Código Electoral vigente en el Estado y no encontrar atribución alguna de los consejeros electorales del Instituto Electoral Veracruzano, que les permita conocer, interpretar y sobre todo declarar a los medios de comunicación sobre temas o iniciativas de ley aún no resueltas por el Congreso del Estado, especialmente lo expresado por el consejero electoral Javier Hernández Hernández a quien le dan amplia difusión en los medios de comunicación del Estado; donde opinó que los partidos políticos Convergencia, PAN y PRD "quieren más dinero" en su propuesta de reformas a la Constitución del Estado de Veracruz.

En días pasados, se presentó ante el Congreso del Estado, iniciativa de ley para la reforma de 10 artículos de la Constitución Política del Estado en apego a la obligación del Congreso veracruzano de adecuar la normatividad a las disposiciones que en materia electoral aprobó el Congreso de la Unión; Las declaraciones del consejero electoral Javier Hernández, son en relación específicamente a la propuesta contenida en el artículo 19 fracción I inciso a) correspondiente al financiamiento público ordinario para el sostenimiento de las actividades permanentes de cada partido político en Veracruz, que fija el Instituto Electoral Veracruzano y que deberá contemplar, en el presupuesto considerando que el monto total del financiamiento público ordinario, se determinará multiplicando el 65% del salario mínimo vigente en la capital del Estado por el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la entidad.

Sería sano que este consejero electoral lea y analice la reforma federal en materia electoral, especialmente el artículo 41 fracción II inciso a) de la Constitución General de la República, al que oportuna y obligadamente las entidades federativas deben adecuarse, para no violentar la norma constitucional. Más aún cuando el puesto que desempeña requiere de la mayor parcialidad y ética posible, dejando a un lado los colores que lo llevaron a donde está. La atribución que sí tiene pero que no cumple, es la de guardar reserva de los asuntos que conozca por razón de su cargo o comisión.

Resulta lamentable que los Consejeros Electorales sean utilizados para desinformar a la opinión pública respecto a las propuestas presentadas en materia electoral por los partidos políticos de oposición en el Congreso del Estado. Igualmente, es lamentable que desde esta posición se permitan dichos funcionarios dar "exhortos" a los diputados para que analicen las iniciativas de ley presentadas: la del Ejecutivo del Estado y la de los 18 Diputados de oposición.

Es obvio que al declarar sobre las propuestas de financiamiento ordinario, tipos de fórmulas a aplicar y porcentajes respectivos, las declaraciones del Consejero Javier Hernández Hernández tienden a desinformar a la opinión pública para favorecer la propuesta del Ejecutivo Estatal. Sería deseable que respetaran los tiempos del proceso legislativo que es el ámbito en el que se deben analizar y discutir las propuestas de ley.

En este contexto, es desafortunado para la vida democrática de Veracruz, que el protagonismo por un lado y la sumisión por otro de los Consejeros Electorales, siga golpeando la imagen -de por sí deteriorada-, del Instituto Electoral veracruzano, que debe regir sus actividades por los principios rectores de certeza, profesionalismo e imparcialidad y con ello permitir generar a los veracruzanos la confianza en esa institución. ¿Usted qué opina? alfredotress04@yahoo.com

BURSATILIZACIÓN MUNICIPAL

Por: Alfredo Tress Jiménez

La semana pasada el Congreso del Estado aprobó por mayoría de 38 diputados y en contra 12, el dictamen que autoriza a 160 ayuntamientos el poder firmar o no por los cabildos el convenio de bursatilización del 20% sobre la tenencia de uso vehicular.

El dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda Municipal del Congreso del Estado, se fundamentó de la solicitud recibida por 160 cabildos, firmadas por mayoría calificada casi en su totalidad y algunos por consenso, determinaron solicitarle al Congreso el poder bursatilizar el 20% de la tenencia y uso vehicular.

Del conjunto de documentos recibidos por la Comisión de Hacienda y, del análisis de los mismos; así como el proyecto de bursatilización planteado por el fideicomiso se desprendieron las siguientes apreciaciones:

1.- La Comisión de Hacienda Municipal del Congreso del Estado, así como el pleno del mismo, autorizó afectar a favor del fideicomiso bursátil por cuenta y orden y por su propio derecho de los 160 ayuntamientos, el 20% de los ingresos provenientes de la tenencia y uso vehicular, hasta por 29 años.

2.- Los municipios que no se adhieran a este fideicomiso bursátil continuarán recibiendo sus ministraciones en los términos de las disposiciones aplicables.

3.- El monto económico a bursatilizar en conjunto de los 160 municipios es de hasta 1,500 millones de pesos.

4.- Actualmente existen 1´052,134 vehículos que pagan tenencia, en una población de 7´110,214 veracruzanos, de los cuales, de acuerdo al padrón electoral; esto es, mayores de edad, son 5´130,813. Sumado a que muchos disponen de más de un vehículo y que los automotores de 10 años atrás no pagan tenencia, solo se paga un derecho de engomado.

Lo que quiere decir, que suponiendo sin conceder, que del total de la población mayor de edad que podrían tener solo un vehículo, se tendría que el 20.5% de los veracruzanos pagarían este impuesto. Y de la población total de los veracruzanos solo pagarían este impuesto el 14.8% de la población total.

5.- El 20% de la recaudación de la tenencia vehicular en el estado, actualmente representa en el plan de arbitrios (todos los recursos aplicados por el ayuntamiento) en promedio el 1.6%. Esto es, la recaudación total por este concepto de todo el parque vehicular es de 188 millones de pesos anuales, que proyectado sin incremento en 29 años sería aproximadamente de 5,400 millones de pesos.

6.- Del monto total recibido por concepto de la tenencia y uso vehicular, solamente se bursatilizará el 27.52% del total de los recursos recibidos anualmente por los municipios (1,500 millones de pesos).

7.- El diferencial de los recursos económicos que representa el 72.48% (3,900 millones de pesos), serán reingresados como remanentes periódicamente a favor de los municipios bursatilizados de acuerdo al porcentaje señalado en términos del artículo 15 de la ley número 44 de Coordinación Fiscal para el estado y los municipios de Veracruz.

8.- Los intereses que deberán pagar por concepto de la bursatilización a la fuente financiera fluctuará entre un 4 y un 7% anual; esto es, 0.33 y 0.58% mensual según sea el caso. El porcentaje que se determinará en definitiva, se acordará y firmará en consecuencia entre el Fiduciario, el Gobierno del Estado y los municipios participantes en función de lo que determine la empresa calificadora y poco antes de la emisión de los bonos ante la bolsa de valores. Asimismo, es en ese momento donde se determinará, según convenga a las partes, si el convenio incluye intereses en Unidades de Inversión (UDIS) o Intereses Nominales determinados por la Tasa Interbancaria de Equilibrio (TIE) + ¿? Los puntos que corran en ese momento en el mercado. Cabe destacar que BANOBRAS actualmente cobra el TIE + 2, por créditos soportados como fuente de pago en ingresos federales (FAM) por periodos entre 3 y 10 años.

9.- En el contrato convenido entre las partes firmantes, se establecerán los términos y condiciones para la amortización anticipada de los certificados bursátiles.

10.- En el supuesto de que la tenencia de uso vehicular desaparezca como impuesto federal en el año 2012, y los estados no adopten este impuesto como estatal; para hacerle frente a los compromisos fiscales, que en ese momento pasan a ser deuda directa, los ingresos estatales que se podrán afectar, son los provenientes de la Ley de Coordinación Fiscal que puedan ser afectados, esto es, parte de las participaciones federales del Fondo de Aportación para el Fortalecimiento Municipal (FAFM), que es de este fondo donde actualmente se destinan legalmente al fortalecimiento de la seguridad pública o deuda pública contraída legalmente como es el caso de BANOBRAS.

11.- Los recursos provenientes de la bursatilización, sólo podrán ser aplicados a la ejecución de obra pública de impacto social y/o para el pago de deuda adquirida previamente a la firma del convenio, contratada con instituciones financieras bancarias permitidas por la ley; y por ningún motivo podrá destinarse para sufragar gasto corriente.

La determinación en la aprobación de este dictamen, fue debido a que actualmente los recursos económicos provenientes del 20% de la tenencia de uso vehicular, se destinan al gasto corriente de los municipios; esto es, al pago de viáticos, compensaciones, gasolina, contratos a terceros, servicios, etc., observando que en ningún caso se beneficia la ciudadanía con obras y acciones con impacto social. Por ejemplo proyectos de abastecimiento de agua potable, que es uno de los compromisos contraídos por el alcalde de Córdoba de aplicar los recursos provenientes de la bursatilización, que representarán alrededor de 38 millones de pesos, en dotar de agua potable a todas las comunidades rurales y colonias populares que año con año carecen del vital líquido.

Para que esto se cumpla, el dictamen prevé que previamente a la ejecución de las inversiones, se deberá informar al Congreso del Estado, para que este a su vez instruya al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) del Estado vigile la observancia de cada municipio, así como la correcta aplicación de los recursos conforme al decreto.

Este dictamen dista mucho del autorizado por la legislatura pasada al gobierno del estado. En aquel momento el objetivo central de la bursatilización del 80% de la tenencia y uso vehicular, fue con el objetivo de pagar la deuda pública heredada un mes antes de la conclusión del gobierno de Miguel Alemán equivalente a 3,500 millones de pesos, y 2,800 millones se etiquetaron para realizar obra pública aún no concluida y una de ellas como el libramiento de Xalapa no iniciada y programada su ejecución con otra fuente financiera. Lo que ha hecho evidente la desconfianza y polémica de la bursatilización del 20% de la tenencia y uso vehicular de los municipios.

Sin embargo, no es lo mismo autorizar el poder firmar un convenio a un conjunto de ayuntamientos respetando su autonomía municipal consagrada en el artículo 115 Constitucional. A autorizar directamente al gobierno del estado por conducto de la pasada legislatura, para el pago de deuda pública con la bursatilización del 80% de tenencia y uso vehicular que representó bursatilizar 6,300 millones de pesos de un total de ingresos por este concepto a 30 años de 24,000 millones.

Lo más relevante de esta disposición de recursos traídos del futuro al presente es que se van a emplear a obras de infraestructura a favor de la ciudadanía y/o el refinanciamiento de deuda pública contraída legalmente, lo que representará liberar las participaciones federales a favor del municipio. Lo único que esperamos es que a los alcaldes no se les vaya ocurrir desviar estos recursos para favorecerse en sus necesidades personales, de darse este escenario la Legislatura y el ORFIS deberán ubicar a los ladrones en su lugar y éste es la cárcel y el desprestigio ciudadano. ¿Usted qué Opina?

QUIÉN MIENTE?

POR: ALFREDO TRESS JIMÉNEZ

El viernes 6 de junio se anunciaba la visita del titular del poder ejecutivo del estado al Congreso de Veracruz, el tema era presentar ante los diputados de la LXI Legislatura su proyecto petrolero, mismo que expusiera días pasados en la Cámara de Senadores. Proyecto denominado por el Ejecutivo de Veracruz como la "Tercera Vía".

Todo comenzó cuando el presidente de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo, informó en reunión de trabajo a los representantes de los diferentes partidos políticos representados en el Congreso, el interés del gobernador de asistir a explicar su proyecto petrolero la "Tercera Vía", a efecto de que los veracruzanos lo conocieran de fondo.

Casi a todos los coordinadores de su grupo legislativo y a los diputados representantes del partido les pareció interesante el deseo del gobernador de asistir a presentar su propuesta, se analizaron pros y contra, fue de las reuniones donde por primera vez se debatió el tema ampliamente, concluyendo en una agenda que contenía el formato a seguir.

Se dijo que el día era el viernes 6 de junio a las 11:00 horas, se nombraría a la comisión encargada de recibir al gobernador, se definieron los tiempos en que participaría cada grupo legislativo y representantes de partido, así como las intervenciones de ejecutivo estatal.

Se acordó que se trasmitiría por Radio Televisión de Veracruz (RTV), y que la difusión en los medios impresos, donde además de los otorgados al gobernador, se les daría espacio a todas las propuestas de los grupos legislativos y representantes de partido de manera equitativa.

Se puntualizó que el único tema era el petróleo, que a la propuesta del gobernador quienes tuvieran algún comentario podían hacerla y que el ejecutivo contestaría el mismo. Sin embargo, si se querían tocar temas diferentes pero relacionados con el petróleo podían realizarlo. Se buscaba por un lado escuchar la "Tercera Vía" en materia petrolera que el gobernador del estado presentará en el foro de la reforma energética que se debate en el Senado de la República.
Concretamente quedó asentado en la orden del día dos sesiones; una, donde solo se desahogaría el tema petrolero expuesto por el gobernador. Concluida esta, se abriría un receso y se daría paso a otra sesión donde se desahogarían tres temas.

Sin embargo, dos días antes de la visita del Titular del Poder Ejecutivo del Estado al Congreso de Veracruz; el gobernador declaró que cancelaba la visita a la Cámara de Diputados, en virtud del que un legislador, coordinador del grupo legislativo de Acción Nacional, Alejandro Vázquez Cuevas, había hecho público su desacuerdo de la visita del gobernador al Congreso, debido a que el tema de la Reforma Energética era un debate nacional con posturas muy claras, por un lado las propuestas de reforma del Presidente Calderón y, por la otra, la contrapropuesta del Frente Amplio Progresista conformado por el PRD – Convergencia – PT. Y que en ese sentido si el diputado no quería que asistiera pues sencillamente no iría.

Ante esto se debe puntualizar lo siguiente: la declaración del gobernador de cancelar su visita al Congreso está fuera de lugar, ya que aún no estaba invitado formalmente por la Junta de Coordinación Política, en virtud de que el punto a tratar en la sesión del viernes no se había aprobado por el pleno de la cámara. Lo que quiere decir que el argumento sobre las declaraciones del diputado Vázquez Cuevas, solo fueron excusas para declinar su visita y exponer ante los diputados su "Tercera Vía" Petrolera.

El que haya ido o no es lo de menos, lo sorprendente es que las decisiones de no asistir al Congreso de Veracruz, ante la soberanía veracruzana, la realizó ante los medios de comunicación, cuando ni siquiera se había votado el punto de acuerdo por parte de los diputados, y en consecuencia se supone que él ignoraba si se le invitaría o no. Ante este hecho salieron a su defensa los diputados de la mayoría, los priistas, argumentando que el gobernador decidía si iba o no, que la ley no lo obligaba. No señores abogados de oficio del ejecutivo del estado, no es esa la reflexión, esta debe ser que por más gobernador que sea, le debe respeto a un poder como lo es el Legislativo, la representación del pueblo veracruzano, les guste o no está ahí, así es que la grosería que realizó el ejecutivo del estado al Congreso del Estado, quedará grabada en la historia de Veracruz. Porque nadie creerá que por el solo hecho, suponiendo sin conceder, que un diputado declare en su contra, el gobernador actuará a favor de ese dicho. ¿Usted qué opina?

alfredotress04@yahoo.com