VUELVE LA MODA DE LA AUSTERIDAD REPUBLICANA

Por: Alfredo Tress Jiménez

La moda de la austeridad republicana invade de nostalgia al gobernador del estado, Fidel Herrera Beltrán, quién ocupa los diferentes medios de comunicación para que una vez más intente sorprender a los veracruzanos y en el nivel nacional al que se deje.

Imagínese apreciable lector que con total falta de respeto a la inteligencia de los veracruzanos, dice el titular del poder ejecutivo que gana menos que cualquiera de los poderes incluyéndose el de él mismo, por lo que su propuesta va en el sentido de exhortar (ordenar) a los poderes legislativo y judicial a que se reduzcan su sueldo.

Ante esta piadosa propuesta, ni tarde ni perezosa la "flamante" presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado Carolina Güdiño, el día 16 de octubre presentó ante la Diputación Permanente la iniciativa donde propone a la Junta de Coordinación Política reducir en un 30% el salario de los diputados, quienes de acuerdo a la información derivada de la propia iniciativa expuesta por la presidenta, un diputado gana $58,123.38 pesos mensuales, por lo que con la reducción propuesta ganaría $40,686.36; lo que quiere decir que cada legislador reduciría sus ingresos en $17,437.014 pesos mensuales, lo que en total sumarían los 50 diputados $871,850.7 pesos mensuales.

En principio, la iniciativa no se puede cuestionar negativamente, en virtud de que en la exposición de motivos se plantea la crisis que vive nuestro país y donde Veracruz no es la excepción.

Lo cuestionable es que esta crisis por la que atravesamos particularmente en nuestro estado, no es nueva, data de muchos años y ahí están los más de 4 millones de pobres que carecen de casi todo, sumándose actualmente a ello la crisis mundial propiciada por los vecinos del norte.

Por lo que antes de reducir el sueldo a los diputados, nos debemos preguntar, ¿a dónde han quedado las promesas reiteradas que ha hecho públicas el gobernador del estado en cuanto a que la tortilla con un subsidio especial se mantendrían en $7.00 pesos el kilo?; sin embargo, actualmente se compra a $12.00 pesos el kilo; es decir, se ha incrementado este año en un 71.42%.

O que decir de las declaraciones del gobernador en cuanto a que si el Presidente de la República no disminuía el costo de las tarifas eléctricas, a un estado como el nuestro que es generador de esta fuente de energía para el país, su gobierno apoyaría con un subsidio especial a las clases más desprotegidas, que por lo menos son 4 millones de veracruzanos. Declaración que regularmente se escuchaban naturales en la época de oro presidencial de los años 70´s, donde las promesas eran incumplidas.

O que decir del Pacto para la Unidad y la Seguridad de Veracruz, donde se firmó este acuerdo consistente en 10 puntos y que a la fecha no se informa que resultados existen.

Sumando lo anterior, en estos días el ejecutivo del estado mandará la propuesta al Congreso del Estado del presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2009, donde el presupuesto autorizado el año pasado que se está aplicando este año por la cantidad de $58 mil millones de pesos, muchos recursos se han aplicado en gastos superfluos menos en lo que propusieron aplicar, cuestionamientos que serán exhibidos ante la opinión pública estatal y nacional toda vez que se rinda el 4º informe de gobierno, mostrando una compulsa de lo solicitado y lo ejercido.

También nos debemos preguntar qué ha pasado con los alrededor de 2´800 millones de pesos provenientes de la bursatilización del 80% del impuesto a la tenencia vehicular aún sin ejercer al 100%. Por lo tanto, si en verdad el ejecutivo está preocupado por la deplorable economía que se vive en nuestro estado, la sugerencia que le deben hacer por lo menos los diputados de oposición en el Congreso del Estado, es que desde jefes de departamento hasta el ejecutivo del estado se reduzcan su sueldo en un 35%, ¿Por qué un 5% más que el poder legislativo?, esto es debido a que en el presupuesto de egresos de este año el incremento del 5% autorizado al sueldo, los únicos que no incluyeron este incremento fueron los diputados. Por lo que en la misma proporción que se aplique al poder ejecutivo, deberán hacerlo el Poder Judicial y a los órganos desconcentrados.

Pero aún más, si en verdad se desea impactar con estos recursos a favor de los veracruzanos, que cada poder en el marco de su autonomía, sume el total que se refleje de los descuentos, los exhiba a la opinión pública y se apliquen estratégicamente mes con mes para palear la difícil economía por la que atraviesan millones de veracruzanos, ya que de otra manera, si se plantea que las reducciones económicas sean retenidas por la Secretaría de Finanzas, lo más seguro es que se utilizados para todo, incluyendo las campañas políticas del año entrante a favor del PRI, excepto para combatir la crisis que tanto preocupa al Gobernador de Veracruz. Eso no tan solo sería injusto para la población en general, sino que sería incitar y provocar inestabilidad política con sus consecuencias respectivas. ¿Eso será lo que está buscando el Ejecutivo del Estado y sus lacayos diputados?. Por lo que sería muy lamentable e histórica esa decisión. ¿Usted qué opina?

alfredotress04@yahoo.com

¿QUÉ NOS DEBEMOS ESPERAR DEL

PRÓXIMO CONGRESO FEDERAL?

POR: ALFREDO TRESS JIMÉNEZ

Una de las acciones estratégicas que debe adoptar cualquier gobierno del mundo para evitar continuar abriendo la brecha de la pobreza es minimizar al máximo los incrementos en los alimentos y servicios básicos, situación contraria sucede en México, quien se encuentra en una crisis alimentaria hace más de 4 sexenios, situación que lastiman a una población de aproximadamente 60 millones de mexicanos pobres, de los cuales alrededor de 15 millones están calificados en situación de "pobreza extrema", es decir, simple y llanamente en situación de hambre.

El gobierno federal instrumentó una serie de acciones de "Apoyo a la Economía Familiar", donde los únicos beneficiarios directamente son los acaparadores y los vecinos del norte (Estados Unidos y Canadá), ya que con ello aceleran al 100% las disposiciones comprometidas en el Tratado del Libre Comercio (TLC), de liberar los aranceles de las importaciones de maíz, huevo y leche, que ahora se extiende a fríjol, sorgo y pasta de soya.

Por si fuera poco, desde hace 25 años se ha desmantelado la infraestructura productiva agropecuaria, tal es el caso de la distribución de alimentos básicos. Desmantelamiento que ha impedido disponer de una soberanía alimentaria y de protección de la canasta básica para la población de más bajos ingresos del país. Aunado a esto, están los incrementos recientes a la tortilla, al transporte público, a la energía eléctrica y al gas. Todos estos factores, sumada la crisis financiera por la que atraviesa la economía estadounidense, generan una desestabilización económica fuerte con impacto negativo a nuestro país, que de por si ya se encuentra demasiado lacerado.

Debe decirse que la implantación de la política neoliberal dejó a nuestra economía expuesta a factores externos. Esto sigue siendo una de las razones para proponer un cambio en el modelo económico que fortaleciera las actividades productivas, el mercado interno y la creación de empleos. Sin embargo, al continuar la misma política e incluso profundizarse, nuestro país se ha vuelto más vulnerable. Debido a ello, al presentarse la crisis hipotecaria en Estados Unidos y contagiar los mercados internacionales de crédito, nuestra economía se encamina a un estancamiento de graves consecuencias para la mayoría de los mexicanos.

El gobierno calderonista, sumergido en sus propias teorías económicas que lo hacen ver otra realidad, olvidó lo que había dicho semanas anteriores referente a que "si en Estados Unidos les daba pulmonía, aquí apenas nos provocaría una gripe" y recientemente en un mensaje en radio y televisión, anunció un programa para la generación de empleo y "para reforzar la economía", que comprende cinco puntos. 1. Ampliar el gasto público, particularmente en materia de infraestructura que estimule el crecimiento. 2. Busca cambiar las reglas en el ejercicio de ese gasto en infraestructura por parte del sector público, para poder agilizar su ejercicio. 3. El inicio de la construcción de una nueva refinería en el país. 4. El lanzamiento de un programa extraordinario de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. 5. Un nuevo programa de desregulación y desgravación arancelaria para hacer más competitivo el aparato productivo nacional. Admitió que la situación adversa de la economía mundial tendrá impacto en México, y aunque no explicó el mecanismo y la estrategia a detalle, señaló que el país saldrá adelante porque tiene acciones concretas que estimulan el crecimiento económico.

Para ello, en días pasados, el Presidente propuso apoyado en el PAN y PRI, un acuerdo político para aplazar hasta el 15 de diciembre la aprobación del incierto Presupuesto de Egresos 2009, que es 5.7% superior al de este año (2,280 billones de pesos), y garantizar así la certidumbre económica del país, pero los diputados federales de las bancadas del PRIAN rechazaron esa posibilidad y advirtieron que el proyecto fiscal será votado antes del 15 de noviembre. Solo esperamos que los diputados se den el tiempo suficiente para poder analizar en que se debe prioritariamente los recursos económicos para el próximo año que será muy difícil para millones de mexicanos.

Sin lugar a dudas todos deseamos que le vaya bien a México y que las políticas que se implementaran funcionen porque las crisis internacionales no se controlan desde nuestro país, pero se debe aplicar un plan anticrisis destinado a fortalecer nuestra producción interna para evitar un mayor desempleo y reducir el déficit comercial; cancelar los aumentos de precios de la gasolina, el diesel, el gas y la electricidad, para mejorar la competitividad de la industria, dar alivio a los consumidores y reducir la presión inflacionaria, se debe aumentar el presupuesto destinado al campo; se deben establecer precios de garantía y subsidios al fertilizante y a otros insumos, con el propósito de reducir las importaciones de alimentos; evitar más aumentos en los precios; mejorar la economía de campesinos y productores y atemperar el fenómeno migratorio, construir refinerías para dejar de comprar las gasolinas en el extranjero, debe llevarse a cabo un programa de construcción de obras públicas, para reactivar la economía y generar empleos en beneficio de la gente más necesitada, apoyar programas a favor de la educación gratuita, la juventud y la tercera edad, y hacer una limpieza de los malos funcionarios que imperan en los tres niveles de gobierno.

Pero estas iniciativas solo pueden lograrse con Congresos plurales e incluyentes, no con diputados que dejan de servir al pueblo que votó por ellos para servirle a un jefe obedeciendo intereses personales. Si las cosas siguen así ¿qué debemos esperar de los nuevos diputados federales que se elegirán en 2009?, nos toca elegir: ¿queremos diputados que obedecen a un patrón, a un jefe que les ordena que hacer? ó ¿queremos diputados federales honestos, transparentes y que defiendan las reformas a fondo en beneficio de todo el país?, esta decisión es importante planteárnosla porque finalmente son los legisladores federales los que marcan el rumbo que seguirá el país en los próximos tres años, período crucial y difícil que de no saber conducirse puede generar más desestabilización a nuestra economía y consecuentemente en nuestra seguridad. De ahí que en las próximas elecciones federales la ciudadanía debe razonar muy bien su voto y no dejarse inducir por las dádivas y las despensas para unos cuantos días pero que significan hambre e inseguridad para varios años. Un voto razonado y responsable puede rescatar al país del debacle en que se encuentra. ¿Usted qué opina?

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DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO

POR: ALFREDO TRESS JIMÉNEZ

El aborto es la interrupción del desarrollo del feto durante el embarazo, antes de que éste haya alcanzado las 20 semanas. Después de este tiempo, la terminación del embarazo antes del parto se llama parto pretérmino. El término "aborto espontáneo" se refiere a los hechos que se presentan de manera natural, o al menos sin que medie voluntad de eliminar al que ha de nacer, por parte de la madre o por parte del médico que atiende el trabajo de parto.

A principios del siglo XX, muchos países empezaron a despenalizar el aborto cuando éste era efectuado para proteger la vida de la madre, y en algunos casos para proteger la salud de la madre. Hacia finales de la década de los años 60´ y durante los años 70´, la mayoría de los países desarrollados despenalizaron el aborto y ampliaron las circunstancias en que éste es permitido. En 1970 el Estado de Nueva York adoptó una ley que exigía dos condiciones para un aborto: que lo realizara un médico y que el embarazo fuera de menos de 4 meses. Poco tiempo después lo hizo Canadá (1969), incluyendo Francia, Nueva Zelanda, Italia y Portugal. En 1973 existían 44 países en que era legal el aborto, de los cuales 19 sólo lo permitían por razones médicas, 6 incluían además razones morales y 19 más incluían otros tipos de razones.

Actualmente, una gran cantidad de países del mundo permiten el aborto libremente o bajo ciertas circunstancias. El tratamiento legislativo que se le ha dado al aborto varía enormemente de un país a otro; El 62% de la población mundial vive en 55 países donde el aborto inducido está permitido, ya sea sin restricciones en cuanto a su causa o por razones socioeconómicas, mientras que el 25% vive en 54 países que lo prohíben completamente o lo permiten sólo para salvar la vida de la mujer. A su vez, otros tantos no lo contemplan como delito o declaran impune bajo ciertas condiciones, ya sea por motivos terapéuticos o quirúrgicos, sentimentales, y hasta por razones socioeconómicas.

Cabe advertir que la no culpabilidad del aborto no significa que necesariamente en estos países el aborto sea más frecuente que en los que sí lo castigan; por el contrario, la legalidad del aborto, acompañado con una educación sexual masiva y un amplio acceso a métodos anticonceptivos, favorece que ocurran pocos abortos. Un ejemplo de esto es Holanda, que es el país con menor frecuencia de abortos del mundo (12,7% de los embarazos).

La norma declarada constitucional y en vigor en el distrito federal desde abril del 2007, despenaliza la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación. En los otros 31 estados del país aún es castigado el aborto y sólo se excluye de penalidad en algunos casos como cuando el embarazo sea resultado de una violación, el feto presente alteraciones congénitas que impliquen daños físicos o mentales, o cuando la madre corra peligro.

La validez de la norma fue avalada por ocho de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un fallo que abre la posibilidad a que en otros estados se presenten iniciativas de ley similares. La Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), plantearon que la despenalización del aborto era inconstitucional por atentar contra el derecho a la vida --a su juicio garantizado en la carta magna-- y que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no tenía facultades para legislar al respecto, pero el análisis en la Corte partió de un proyecto postulado por uno de sus ministros, el cual consideró la despenalización como ilegal porque la Constitución protege la vida desde la concepción hasta la muerte. Varios ministros refutaron el proyecto y señalaron que el derecho a la vida no está expresamente garantizado en la carta magna.

Se calcula que entre el 2005 y 2006 se presentaron unos 28,000 legrados en clínicas y hospitales privados en México, contrastante con el supuesto servicio que estos médicos clandestinos ofrecen, están las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 70 mil mujeres que perecen cada año en todo el mundo a causa de interrupciones del embarazo mal practicadas, lo que representa 191 mujeres muertas por día. 1500 de ellas, ocurren en México anualmente, según organizaciones a favor del aborto. En México los abortos voluntarios oscilan entre 110 mil y dos millones anuales. Es la cuarta causa de mortalidad materna en el país. En Latinoamérica el 73% de las mujeres rurales pobres acuden a personas no capacitadas o se hacen ellas mismas el aborto. El 57% de las mujeres urbanas pobres y un 10% de las mujeres urbanas con recursos económicos hacen lo mismo. Estos elevados porcentajes de mujeres que mueren a causa de abortos clandestinos, transforman al aborto en un grave problema de salud pública, convirtiéndolo en un motivo preocupante y fundamental para demandar su atención en el espacio gubernamental.

No se debe descalificar a priori las consideraciones éticas y religiosas que cada persona o grupo tengan sobre el tema del aborto; sin embargo, se debe respetar la libertad de las personas para decidir sobre su cuerpo. De ahí que sería sana una consulta a las mujeres veracruzanas, para que fueran ellas quienes decidieran si se debe despenalizar o no el aborto en nuestro Estado, además de mesas de trabajo, foros y encuentros estatales, puesto que es una decisión exclusiva de las mujeres.

Sin duda no se debe apoyar el aborto, sino la despenalización de esta práctica, bajo los siguientes criterios: cuando el embarazo resulte de una violación, cuando tenga malformaciones o peligre la vida de la mamá, sólo una mujer puede saber cuándo es el momento de tener más hijos de los que ya tiene, cuál es el momento en el que se afecta su calidad y proyecto de vida, cuáles son las condiciones económicas y de salud que favorezcan el embarazo; es decir; sólo ella tiene derecho a decidir cuándo es el momento para la maternidad. Es un derecho constitucional inalienable y fundamento de la dignidad humana.

Es en ese tenor que las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al Código Penal, por las cuales deja de ser delito la práctica del aborto de la primera a la décimo segunda semana de gestación, tienen gran trascendencia nacional; al ser una ley de avanzada que servirá como referencia para Veracruz.

Es necesario resaltar que existen muchas y variadas cuestiones a discutir en torno a la despenalización del aborto, no sólo es cuestión de estar a favor o en contra. Es prioritario plantear las condiciones que favorezcan que las mujeres ya no interrumpan sus embarazos; sobre todo cuando la decisión de hacerlo tiene que ver con la libertad de conciencia y mientras no cambien estructuralmente las condiciones de desprotección sexual, de ignorancia y de pobreza en que vive gran parte de la población, no se podrán evitar los abortos.

Estamos convencidos que la disminución de esta práctica en condiciones de riesgo debe ser cuestión de voluntad política. Para lograr tal fin resulta primordial sensibilizar a los distintos sectores de la sociedad con respecto al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; es imperioso pasar de la aceptación teórica y discursiva de los derechos reproductivos, al establecimiento de las condiciones que garanticen su cumplimiento, esto supone un rediseño de la vida social que atienda al aborto como un problema de salud pública nacional y, en ese sentido, buscar los consensos para la articulación de alternativas en el marco de la equidad de género y la igualdad social. ¿Usted qué Opina?

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EL ERROR DEL CENEVAL

Por Alfredo Tress Jiménez

Como se recordará, la Universidad Veracruzana y el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior AC. (CENEVAL) reconocieron en días pasados que por un error técnico se habían admitido 1600 aspirantes que no tenían derecho a ingresar a la universidad, dejando fuera a otros 1600 que sí habían aprobado el examen de admisión. Se especula que este error pudo costar más de 90 millones de pesos.

La excusa principal de la universidad para no admitir a más alumnos fue siempre la calidad educativa, pero sorpresivamente vimos al rector muy apurado subsanando el error y admitiendo a todos los alumnos, ¿por qué no hizo lo mismo antes? cuando se llegó a rechazar hasta más de 25 mil alumnos. El rector también ha externado que durante los siguientes dos años el CENEVAL no cobrará por sus servicios, en respuesta a una demanda interpuesta por la UV.

El CENEVAL nace a iniciativa de la Asociación de Universidades del país (ANUIES) donde fue su directivo por muchos años Rafael Velasco. Por 10 años, el CENEVAL ha aplicado los exámenes en la Universidad Veracruzana, rechazando a miles de jóvenes, no dudamos que con mucha capacidad todos ellos, a quienes no sólo les mataron las ilusiones, sino que les engordaron los bolsillos a las universidades privadas al llegar a sus aulas los rechazados. Otros alumnos dejaron de estudiar o se fueron a Estados Unidos de mojados.

El Congreso local autorizó la ampliación presupuestal de 51 mdp que solicitó la Universidad Veracruzana para el mejor desempeño de sus funciones ahora que se incrementó la matricula pero tenga por seguro el rector que se vigilará con lupa que estos recursos se apliquen en beneficio de los jóvenes estudiantes. Aunado a este recurso, la federación autorizó otros 90 millones de pesos para el mismo fin.

Por otra parte, reconocemos los esfuerzos de la Universidad Veracruzana por ser una de las mejores instituciones de educación superior de todo el país en sus vertientes académica, de investigación y de creación artística y promoción cultural y es excelente que ahora muchos jóvenes podrán cursar una licenciatura. Pero también, no podemos ni debemos desconocer que este error que cometieron las autoridades educativas fue muy grave y no debe repetirse. El error sacó a la luz pública dudas que nunca nos hubiéramos imaginado. Para el bien de la educación de Veracruz, debe explicarse quiénes integran el CENEVAL, y por qué si es una asociación civil sin fines de lucro cobra por sus servicios.

El Estado tiene la obligación de establecer políticas públicas dirigidas a resolver y atender las necesidades y los problemas de los jóvenes, ya que en este momento más que representar el futuro de México y en nuestro caso el de Veracruz, constituyen parte importante de la ciudadanía que lucha día a día por ocupar y poseer un espacio y porque solamente atendiendo sus necesidades podemos asegurar el futuro, tanto de ellos en lo individual como el de nuestra sociedad en lo colectivo.

La UV ya demostró que sí tiene capacidad para admitir a miles de alumnos más, el próximo año no debe haber excusas para rechazar estudiantes, se les debe dar la seguridad a los jóvenes de que tendrán un espacio en la máxima Casa de Estudios y sería sano que la misma UV teniendo personal calificado y estudiantes de estadística y carreras afines, diseñarán un modelo de admisión propio prescindiendo de los servicios del CENEVAL que ha demostrado su incompetencia con un error como este. ¿Usted qué opina?
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LA CONSULTA CIUDADANA

POR: ALFREDO TRESS JIMÉNEZ

Ayer se realizó la Consulta Ciudadana para la reforma Energética, fue un hecho inédito e histórico y ojala en las futuras decisiones que atañen al país se siga consultando el sentir de los mexicanos. No se cree que un mecanismo democrático y legal como este debiera ser descalificado. Al contrario, se fortalece la discusión sobre el futuro de la principal riqueza de nuestro país.

Cabe recordar que en el paquete de iniciativas de la Reforma energética, el Gobierno Federal pretende hacer cambios sustantivos en la Constitución Mexicana, en particular el Artículo 27, donde se busca establecer que los hidrocarburos, su exportación, regulación, almacenamiento, transporte, ductos, entre otros, ya no sea una actividad exclusiva de la Nación por conducto de Petróleos Mexicanos.

En este sentido, Pemex se quedaría sólo con la extracción de crudo, mientras que la refinería, ductos, almacenamiento, distribución, interconexiones y otras actividades quedarían abiertas a empresas extranjeras.

Este tipo de cambios constitucionales traería otras implicaciones adicionales como que los convenios mercantiles con empresas extranjeras, estén sujetos a la jurisdicción de tribunales extranjeros, lo que significa dar por tierra la doctrina mexicana, al resolverse los recursos estratégicos en áreas extranjeras sujetos a otra normatividad.

Otro de los argumentos con los que se pretende lograr esta reforma es que las finanzas de Pemex se encuentran mal; sin embargo, se debe de hacer una revisión en las finanzas de la paraestatal. En los últimos ocho años son más de 70 mil millones de dólares que se obtuvieron al tener el precio más alto de petróleo, tan sólo en este año el superávit es de cerca 25 mil millones de dólares.


El debate sobre la Reforma Energética y el intento de privatizar la explotación del petróleo, en forma oculta, tiene que ver con las áreas estratégicas de la economía, diferentes a las áreas prioritarias, y mucho más lejanas de aquellas que quedan en el campo de la iniciativa privada. El crudo está dentro de las áreas estratégicas, bajo el cargo del Estado, de manera exclusiva, esto es, sin posibilidad alguna de que otro sector, el social o el privado, puedan intervenir.

Si Pemex comparte de cualquier manera, directa y abiertamente o con argucias, se vulnera un área estratégica de nuestro sistema económico y se pone en riesgo hoy y para el futuro la soberanía de nuestra patria. La reforma energética del Gobierno Federal podría poner en riesgo la estabilidad del país, ya que traería como consecuencia inmediata una problemática mayor en materia de generación de empleo, además de que limitaría la posibilidad de un verdadero desarrollo en México. La discusión de este tema es un punto fundamental para el país porque tiene que ver con su viabilidad como nación. El tema del petróleo no está etiquetado a una persona o partido político, Es de interés nacional y todos tenemos derecho a opinar, a decidir y a votar en una consulta abierta.

La opinión de los ciudadanos que participaron ya está hecha, si usted votó por el SI o por el NO, quedará en la conciencia y responsabilidad de cada quien con respecto a las futuras generaciones, pero sea cuál sea el resultado que se dé a conocer, dimos un claro ejemplo de que somos una sociedad responsable. En los próximos días nos enteráremos de las acciones a emprender por parte de la derecha para lograr a toda costa privatizar el petróleo, más aún cuando vieron que no les será nada fácil. Es evidente que efectivamente urge un cambio, una reforma energética, pero la pregunta central del debate está en qué sentido debe hacerse ese cambio sin que afecte a miles de millones de personas con una privatización que traería alzas a los precios de los productos de la canasta básica, entre otros, y que dañaría la ya de por sí la lastimada situación económica de los mexicanos. ¿Usted qué opina?
alfredotress04@yahoo.com

LA CONSULTA POPULAR PARA LA REFORMA ENERGÉTICA

POR: ALFREDO TRESS JIMÉNEZ

Después de 18 foros y la exposición de aproximadamente 140 ponentes de la más alta calidad en el debate que organizó el Poder Legislativo sobre la Reforma Energética, quedó plenamente acreditado que las iniciativas que envió al Senado Felipe Calderón, deben rechazarse porque son contrarias a la Constitución y plantean la privatización de PEMEX. De esta manera, las fuerzas políticas integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP), llevarán el próximo domingo 27 de julio, en todo el país, una consulta popular sobre esta reforma que se discute en el Congreso. El objetivo es instalar alrededor de 15 mil mesas, donde se recibirá la opinión de millones de ciudadanos sobre este importante tema para todos los mexicanos.

Las preguntas que contiene la boleta de la consulta popular son: Actualmente la explotación, transporte, distribución, almacenamiento y refinación de los hidrocarburos son actividades exclusivas del gobierno, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo que en esas actividades puedan ahora participar empresas privadas?" y "En general, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo con que se aprueben las iniciativas relativas a la reforma energética que se debaten actualmente en el Congreso de la Unión?"

La crítica situación en que se encuentra el sector energético, particularmente el petrolero, ha provocado una intensa discusión en los medios de comunicación que ha generado inquietud social. Por un lado, no se conocen los contenidos de las diversas propuestas de Calderón y por el otro, el tema petrolero toca las fibras más sensibles de la sociedad mexicana.

Lo que existe es una gran desinformación que provoca confusión; ante la falta de propuestas la derecha gasta cantidades de dinero exorbitantes en spots de radio y televisión señalando que no hay nada de qué preocuparse, que el país está bien y que lo que se busca es "modernizar a PEMEX", con estos mensajes pretenden aturdir a la ciudadanía, tranquilizar conciencias, adormecer voluntades y distorsionar el verdadero sentido de la defensa de la renta petrolera. No olvidemos que en materia energética están presentes intereses políticos y económicos externos, a propósito la reflexión del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva: "detrás de la materia energética se encuentran empresas poderosas y, a su vez, detrás de ellas gobiernos poderosos".

PEMEX se descapitalizó y varió sus objetivos; importamos el 40% de la gasolina que consumimos, debido a que no se han construido refinerías desde 1979. La exploración se descuidó, la producción por pozo declinó. Las reservas cayeron 27 por ciento, restándonos únicamente 10 mil millones de barriles de reservas. También se jubiló tempranamente y se despidió a personal calificado; al mismo tiempo se descuidó la investigación y el desarrollo tecnológico. Se obligó a PEMEX a endeudarse mediante Pidiregas, Financiamiento oneroso que favorece por sus características a las grandes empresas internacionales.

La situación de la paraestatal parece obedecer a un plan de privatización que se ha venido cumpliendo lento, pero firmemente; tiene su origen en las conocidas presiones que ha ejercido Estados Unidos sobre México para asegurar el suministro de petróleo a esa nación. Las presiones tienden a acentuarse en épocas de crisis financiera, como en 1995 cuando a cambio del préstamo de 20 mil millones de dólares, se dio de garantía la exportación de petróleo y se asumió el compromiso de privatizar la generación eléctrica y los complejos petroquímicos, así como la concesión y distribución, transporte y almacenamiento de gas natural.

Es evidente que efectivamente urge un cambio, una reforma energética, pero la pregunta central del debate está en qué sentido debe hacerse ese cambio sin que afecte a miles de millones de personas con una privatización que traería alzas a los precios de los productos de la canasta básica y que dañaría la ya de por sí lacerada situación económica de los mexicanos.

Estamos en presencia –riesgo u oportunidad, según se vea- de reformar todo un sistema que tiene amplias dimensiones y repercusiones. En el juego democrático se dan factores de mayorías y minorías, pero no olvidemos que en materia constitucional, en materia de decisiones políticas fundamentales que son las que definen a un Estado y vinculan al gobierno con su pueblo y que integran socialmente a una nación, antes de cambiarlas se debe consultar la voluntad efectiva sobre si la sociedad aprueba que el mercado y la renta petrolera ya no sean solo de México, sino que se compartan con intereses privados internos y externos. Por eso es importante que el próximo domingo 27 de julio salgamos a votar a partir de las ocho de la mañana y participar en esta consulta popular ubicando la mesa más cercana a su domicilio. La responsabilidad es histórica, los que deben tomar las decisiones deben sopesar cuidadosamente los pros y contras ya que la soberanía y la seguridad energética, así como la renta petrolera, no solo nos atañen a nosotros sino que pertenecen también a nuestros hijos y a las generaciones futuras. Salgamos a manifestarnos este próximo domingo 27 de julio de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, las mesas receptoras de la opinión de usted sobre la consulta popular, no es a favor o en contra de un partido político, es a favor o en contra del futuro de nuestro país y en consecuencia de nuestros hijos. Exprésese, no se quede con la duda, salga a decir NO ESTOY A FAVOR DE LA PRIVATIZACIÓN PETROLERA o SI, usted tiene la última palabra. ¿Usted qué opina?
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¿HASTA CUÁNDO LAS ADECUACIONES

ELECTORALES EN VERACRUZ?

POR: ALFREDO TRESS JIMÉNEZ

Antes del día 31 de este mes, los presidentes de las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y Organización Política y Procesos Electorales del Congreso Local, deberán dictaminar sobre las Reformas Constitucionales Federales en materia electoral. A la fecha ha existido falta de voluntad o desconocimiento para cumplir con este mandato federal, puesto que los diputados priistas argumentan: "hay demasiada carga de trabajo". Sin embargo de no dictaminar las reformas incurren en omisión legislativa.

Las Reformas Constitucionales Federales en materia electoral establecen que una vez promulgadas por el Ejecutivo Federal, se tiene un año para poderlas adecuar a las Constituciones Locales en cada entidad federativa, venciendo el plazo el 14 de noviembre de este año. Además de que estas adecuaciones en cada estado deben hacerse en dos periodos ordinarios de sesiones de los Congresos locales de forma consecutiva, para que posteriormente sean enviadas a los 212 cabildos para su conocimiento y votación. Actualmente en comisiones existen dos iniciativas, una enviada por los diputados de Convergencia, PAN, PT y PRD; y la otra por el Ejecutivo de Veracruz.

Contrario a lo que la semana pasada señaló el presidente de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, Francisco Portilla Bonilla, en el sentido de que las iniciativas tanto de los partidos como del gobernador no se han dictaminado, debido a que no se han logrado poner de acuerdo con la oposición en temas tales como prerrogativas y distribución de tiempos en los medios de comunicación televisivos, entre otros. Lo cierto es que no se necesitan negociaciones, ni que le hagan caso a los diputados de oposición, lo que tienen que hacer es acatar el mandato federal y darle agilidad, durante este periodo ordinario de sesiones se tiene que aprobar en la primera etapa dicha reforma y posteriormente se tendrá que retomar en el mes de noviembre para lograr la homologación final.

Poner como pretexto la excesiva carga de trabajo es ilógico y risible, cuando la realidad es que la ausencia legislativa de priistas en el Congreso es evidente, debido a que la mayoría de legisladores del partido tricolor, pareciera que no existen. Lo único que pretenden los diputados del PRI es ganar tiempo para retardar las adecuaciones a nuestra Constitución evadiendo la ley y con ello, continuar cometiendo excesos en publicidad gubernamental, entre otras acciones, a favor del partido rojo.

Es lamentable que por falta de convicción o desconocimiento en materia electoral, los diputados priistas estén a la espera de que asesores del ejecutivo les envíen el dictamen sobre las modificaciones que sufrirá la Constitución de Veracruz en materia electoral, lo grave es que seguramente pretenderán burlar y burlarse de la ley. Pero no se les olvide que los partidos garantes de la democracia en Veracruz, de ser necesario acudirán a los tribunales para hacer valer los mandatos federales.

Continuarán quedando en ridículo estos legisladores en el Congreso, y sobre todo los diputados que presumen ser abogados que conocen profundamente las leyes y su aplicación. Seguramente pretenderán una vez más hacer de las modificaciones federales en materia electoral, la voluntad del ejecutivo del estado.

Homologar la Constitución local con la Federal en materia electoral no tiene nada de novedoso ni difícil, si los diputados priistas no tienen la intención o no pueden desahogar el tema, hay diputados progresistas que sí tienen capacidad para hacerlo. Sería interesante y sano, realizar un debate público donde participen los presidentes de las comisiones unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y Organización Política y Procesos Electorales, con diputados de oposición, para que a los veracruzanos les quede claro cuál es la verdadera intención.

Esperemos que se haga lo necesario y se insista que la Reforma Electoral en Veracruz urge y debe ser aprobada. La mayoría de los mexicanos no creen ni en los partidos políticos ni en los políticos, se debe insistir en no actuar por interés propio, principalmente en estos nuevos tiempos donde se exige una visión distinta en la forma de hacer política.

No se les olvide señores diputados priistas, que para modificaciones o reformas en materia electoral, no es suficiente negociar con algunos diputados de oposición para obtener la mayoría calificada (34 votos). Si se violentan las disposiciones federales, bastará con que un partido político acuda a los tribunales competentes para corregirles las omisiones, el desconocimiento de la ley en la materia y la burla que pretenden continuar haciéndole al pueblo de Veracruz. ¿Usted qué opina? alfredotress04@yahoo.com