Recordemos como a finales del sexenio de fox, uno de los temas más controvertidos fue la Ley Televisa, misma que pretendía modificar todo el marco regulatorio de las concesiones y usos de Radio y Televisión. También debemos recordar que esta ley fue respaldada por los diputados y senadores del PAN, bajo la complacencia de la mayoría de los legisladores del PRI, con excepción del entonces Senador Javier Corrales y Manuel Barthel que siempre argumentaron que no debía ser y que el mayoriteo aplicado a la votación final para ser aprobada al vapor y no observando las graves violaciones Constitucionales, se recurriría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a impugnar esta aberración que continúa entregando los activos del estado a unos cuantos particulares y violentando la equidad y libertad de expresión.
Derivado de este recurso, hace unos días, como un regalo en vísperas de las celebraciones del Día Internacional de la Libertad de Expresión, la (SCJN) invalidó la semana pasada la disposición que permitía a concesionarios de radio y televisión prestar servicios adicionales de telecomunicación sin participar en licitación ni pagar por ello al Estado, así como el otorgamiento de concesiones por subasta que estipulaba la llamada "Ley Televisa".
Al continuar la revisión del juicio a la Ley de Medios, los ministros también declararon inconstitucional, por ocho votos contra uno, el artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión, que establece un plazo fijo de 20 años para la vigencia de las concesiones.
El contenido de los artículos 28 y 28-A de la Ley Federal de Radio y Televisión, fue rechazado por todos los ministros, aunque con diferentes argumentos, éste permitía a los concesionarios actuales, explotar otros usos del espectro incrementando con ello la maximización de sus ganancias a costa de la posibilidad de la existencia de otros medios de comunicación, también otorgaba a los concesionarios la explotación del espectro radioeléctrico para servicios como telefonía e Internet.
Los ministros establecieron que el artículo 28 viola seis artículos de la Constitución, pues atenta contra los derechos de igualdad y libertad de expresión, restringe la rectoría económica del Estado, favorece la formación de monopolios y la concentración de los medios de comunicación en manos de los concesionarios actuales.
El debate confrontó nuevamente las posturas de los ministros, en torno a si debía prevalecer la violación a la libre competencia -como sostiene el proyecto- sobre la del derecho a la libre expresión y acceso equitativo a los medios, como planteó se planteo en el proyecto de resolución.
De acuerdo con un ministro, la autorización a los concesionarios para prestar servicios adicionales con una simple solicitud y sin que paguen una contraprestación, es un privilegio que les da una ventaja indebida, que crea "una significativa barrera a la entrada del mercado".
Agregó que el artículo impugnado discrimina a los permisionarios de radio y televisión que operan estaciones culturales; a los concesionarios de telecomunicaciones, obligados a participar en licitaciones para obtener nuevas frecuencias y a cualquier otro interesado en participar en estos mercados.
Se argumentó que ante el conflicto de decidir entre competitividad y mercado contra pluralismo y democracia, el legislador optó por la primera opción, pero la Constitución tutela la segunda.
La renuncia del Estado al espacio radioeléctrico, necesario para concretar los derechos fundamentales de libertad de expresión, información y prensa, a través de un acuerdo intersecretarial y su elevación a rango legal, en el artículo 28 impugnado, es inconcebible en una democracia.
El artículo 28 permite a los concesionarios actuales, al explotar otros usos del espectro, "la maximización de sus ganancias a costa de la posibilidad de la existencia de otros medios de comunicación".
Otro punto que generó debate fue el de la asignación de concesiones de radio y televisión mediante subasta pública y a plazos fijos de 20 años. Por unanimidad, los ministros declararon inconstitucional un fragmento del 17-G de la Ley Federal de Radio y Televisión, que establece la definición de concesiones por licitación "a través de subasta pública".
Los nueve ministros respaldaron el proyecto que establece que ese mecanismo viola seis artículos de la Constitución, al favorecer sólo a los grandes grupos con poder económico, mientras el Estado renuncia a ejercer su facultad como garante de la libertad de expresión y el derecho a la información.
Sobre el plazo de 20 años para las concesiones, los ministros coincidieron en que es inconstitucional porque afecta la rectoría del Estado sobre el espectro radioeléctrico y violenta el derecho a la igualdad de los concesionarios de telecomunicaciones.
Con este acto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reivindica la vigencia del más alto tribunal para la vida institucional de nuestro país. México debe contar con una Ley Federal de Radio y Televisión que garantice mecanismos de igualdad en beneficio de nuestra pluralidad social, política, cultural y ling üística.
El ámbito de los medios debe democratizarse sin demérito de la libertad de expresión, mediante el establecimiento de un marco jurídico que defina funciones y objetivos e impida presiones gubernamentales; que garantice el derecho de réplica, democratice, transparente y termine con la discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones y limite los excesos que en ocasiones se cometen con el enorme poder de la comunicación masiva.
Esta resolución deja precedentes en los cuales, por más que se de un mayoriteo en el Congreso Federal a favor de una ley que violente y lastime a la mayoría de los mexicanos, existe la (SCJN) como institución soberana del pueblo de México para hacer valer nuestra Constitución. Las instituciones de la República con que contamos son lo más importante en la vida institucional de nuestro país. El problema es quienes están al frente, afortunadamente con la salida de Fox, también cambiaron la mayoría de los Ministros de la corte, sólo debemos confiar que conforme pase el tiempo, el nuevo presidente no convenza a los nuevos ministros, que la lealtad debe ser al Presidente de la República y no al pueblo de México. ¿Usted qué opina?
alfredotress04@yahoo.com
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario