lunes, 30 de junio de 2008

LOS ESTUDIANTES NO ADMITIDOS
POR LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Por Alfredo Tress Jiménez

Una de las más altas prioridades de cualquier gobierno que se diga comprometido con el futuro de la sociedad y con la visión necesaria para dar respuesta a las necesidades sociales es la atención a la juventud.

Hoy, han quedado atrás aquellos dichos de que "la juventud es el futuro de la nación" o de que "la juventud de hoy llegará a regir los destinos de nuestro país", pues dos factores importantes han hecho que queden rebasados: la dinámica acelerada de la sociedad que ha provocado el cambio de roles de los diferentes grupos generacionales que la integran y la mayor madurez de los jóvenes que han pasado de ser entes sociales pacíficos y simples espectadores a ser nuevos actores sociales, que reclaman y merecen espacios en la vida política, social y económica.

De ahí, la obligación del Estado de establecer políticas públicas dirigidas a resolver y atender las necesidades y los problemas de los jóvenes, ya que en este momento más que representar el futuro de México y en nuestro caso el de Veracruz, constituyen parte importante de la ciudadanía que lucha día a día por ocupar y poseer un espacio y por que solamente atendiendo sus necesidades podemos asegurar el futuro, tanto de ellos en lo individual como el de nuestra sociedad en lo colectivo.

Dentro de estas políticas públicas que dan respuesta a las demandas de la juventud se encuentra la oferta de la educación en todos sus niveles, pero sobre todo el de la educación superior, que asegura la preparación, la formación y el desempeño de jóvenes profesionistas altamente calificados y poseedores de conocimientos, habilidades y competencias que les permitan desempeñarse con un alto nivel de calidad en el entramado social donde les corresponda vivir.

Así pues, la educación superior constituye una política pública prioritaria para dar respuesta a los jóvenes que contando con los antecedentes académicos adecuados deben tener derecho de acceso a las instituciones que ofrecen educación superior, llámense universidades, normales, tecnológicos u otras.

En Veracruz, no dudamos en reconocer que mucho se ha hecho y avanzado en cuanto a la educación superior. Pero también debemos reconocer y preocuparnos porque falta mucho por hacer, tanto cualitativamente como cuantitativamente.

En cuanto a la calidad de la educación mucho se ha escrito, dicho y debatido, pues uno de los aspectos en que México se encuentra ocupando lugares nada satisfactorios en el mapa mundial es precisamente en la educación. Para resolver este problema, se han implementado ya diversas medidas. Lo anterior no impide reconocer desde esta tribuna el papel importante y siempre prioritario de los maestros veracruzanos que día a día se esfuerzan por mejorar su desempeño y su quehacer docente.

En cuanto al aspecto cuantitativo, es satisfactorio el avance en el nivel básico y medio, pero no así en el nivel superior, donde aún miles de jóvenes no ven satisfecho su derecho de acceso a instituciones de educación superior.

En este sentido, resulta preocupante que a partir del anterior sábado 21 de junio la Universidad Veracruzana (UV), Casa de Estudios de todos los veracruzanos, diera a conocer las cifras relativas al número de aspirantes admitidos para el próximo ciclo escolar y que suman 15 mil plazas a diferencia de 13 mil 645 en el año pasado, las cuales constituyen el 42.37% de la demanda total lo cual representa la cantidad de 35 mil 400, de los cuales no accederán a la UV 20 mil 400.

Si bien, las cifras de ingreso de este año superan las del anterior cuando únicamente se ofrecieron 13 mil 645 plazas ante una demande de 40 mil 306 jóvenes, la cifra de rechazados fue de 25 mil 780, de acuerdo a información ofrecida por la misma Casa de Estudios. Y a su vez estas cifras tienen otra connotación; cada aspirante paga poco más de 400 pesos para obtener su ficha y derecho al examen de admisión, resulta interesente conocer entonces en qué se gastó y sigue gastando todo el dinero que pagaron los estudiantes rechazados de la UV, porque lamentablemente es un dinero que ya no les devuelven.

Pero más allá de las cifras exactas, resulta preocupante, que precisamente en este Año Iberoamericano de la Juventud, miles de jóvenes se encuentran junto con su familia ante el dilema nada agradable de optar por la espera de un año para tener otra oportunidad, buscar un empleo que rara vez encontrará y si lo hace en pocos casos será bien remunerado o ingresar a una institución privada pagando colegiaturas cada vez mas elevadas y estudiando quizás otra licenciatura diferente a la que en un inicio quería.

Pero en cualquiera de las opciones mencionadas, los jóvenes y su familia pasan un momento de crispación, desesperación y angustia pues no es poco lo que está en juego: el futuro de sus hijos, el futuro del joven que desea seguir estudiando, el futuro de quien con esfuerzos y sacrificios ha cursado el nivel básico y medio.

Por otra parte, reconocemos los esfuerzos de la Universidad Veracruzana por ser una de las mejores instituciones de educación superior de todo el país en sus vertientes académica, de investigación y de creación artística y promoción cultural. Pero también, no podemos ni debemos desconocer que el Ejecutivo Estatal en su campaña electoral ofreció que ningún joven aspirante a la educación superior dejaría de ver cumplido su derecho de acceso a la educación superior, lo cual no ha cumplido. Y también, debemos señalar que los mecanismos alternativos establecidos en un momento no han funcionado satisfactoriamente como lo son la dotación de becas para cursar estudios en instituciones privadas y la creación del Consorcio Clavijero.

Debemos comentar que el entonces candidato a gobernador por el PRI comprometió en campaña que de ser electo, ningún joven de cualquier nivel socioeconómico se quedaría sin la oportunidad de ingresar a la educación superior pública y gratuita, por lo que a cuatro años de gobierno el Ejecutivo del Estado debe establecer urgentemente medidas alternativas para que los 20 mil 400 jóvenes rechazados este año por la UV, junto con los de otras instituciones de educación superior, como la Benemérita Escuela Normal Veracruzana y los acumulados de años anteriores, cuenten con la posibilidad real y efectiva de continuar ininterrumpidamente sus estudios de educación superior. De esta manera se estará cumpliendo con un derecho social que no podemos ignorar ni soslayar por todas las implicaciones que conlleva: el derecho de acceso a la educación superior para conformar una sociedad mejor para todos. ¿Usted qué opina?

alfredotress04@yahoo.com

lunes, 23 de junio de 2008

LOS CONSEJEROS DEL IEV
Por Alfredo Tress Jiménez

Es sorprendente buscar en el Código Electoral vigente en el Estado y no encontrar atribución alguna de los consejeros electorales del Instituto Electoral Veracruzano, que les permita conocer, interpretar y sobre todo declarar a los medios de comunicación sobre temas o iniciativas de ley aún no resueltas por el Congreso del Estado, especialmente lo expresado por el consejero electoral Javier Hernández Hernández a quien le dan amplia difusión en los medios de comunicación del Estado; donde opinó que los partidos políticos Convergencia, PAN y PRD "quieren más dinero" en su propuesta de reformas a la Constitución del Estado de Veracruz.

En días pasados, se presentó ante el Congreso del Estado, iniciativa de ley para la reforma de 10 artículos de la Constitución Política del Estado en apego a la obligación del Congreso veracruzano de adecuar la normatividad a las disposiciones que en materia electoral aprobó el Congreso de la Unión; Las declaraciones del consejero electoral Javier Hernández, son en relación específicamente a la propuesta contenida en el artículo 19 fracción I inciso a) correspondiente al financiamiento público ordinario para el sostenimiento de las actividades permanentes de cada partido político en Veracruz, que fija el Instituto Electoral Veracruzano y que deberá contemplar, en el presupuesto considerando que el monto total del financiamiento público ordinario, se determinará multiplicando el 65% del salario mínimo vigente en la capital del Estado por el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la entidad.

Sería sano que este consejero electoral lea y analice la reforma federal en materia electoral, especialmente el artículo 41 fracción II inciso a) de la Constitución General de la República, al que oportuna y obligadamente las entidades federativas deben adecuarse, para no violentar la norma constitucional. Más aún cuando el puesto que desempeña requiere de la mayor parcialidad y ética posible, dejando a un lado los colores que lo llevaron a donde está. La atribución que sí tiene pero que no cumple, es la de guardar reserva de los asuntos que conozca por razón de su cargo o comisión.

Resulta lamentable que los Consejeros Electorales sean utilizados para desinformar a la opinión pública respecto a las propuestas presentadas en materia electoral por los partidos políticos de oposición en el Congreso del Estado. Igualmente, es lamentable que desde esta posición se permitan dichos funcionarios dar "exhortos" a los diputados para que analicen las iniciativas de ley presentadas: la del Ejecutivo del Estado y la de los 18 Diputados de oposición.

Es obvio que al declarar sobre las propuestas de financiamiento ordinario, tipos de fórmulas a aplicar y porcentajes respectivos, las declaraciones del Consejero Javier Hernández Hernández tienden a desinformar a la opinión pública para favorecer la propuesta del Ejecutivo Estatal. Sería deseable que respetaran los tiempos del proceso legislativo que es el ámbito en el que se deben analizar y discutir las propuestas de ley.

En este contexto, es desafortunado para la vida democrática de Veracruz, que el protagonismo por un lado y la sumisión por otro de los Consejeros Electorales, siga golpeando la imagen -de por sí deteriorada-, del Instituto Electoral veracruzano, que debe regir sus actividades por los principios rectores de certeza, profesionalismo e imparcialidad y con ello permitir generar a los veracruzanos la confianza en esa institución. ¿Usted qué opina? alfredotress04@yahoo.com

lunes, 16 de junio de 2008

BURSATILIZACIÓN MUNICIPAL

Por: Alfredo Tress Jiménez


La semana pasada el Congreso del Estado aprobó por mayoría de 38 diputados y en contra 12, el dictamen que autoriza a 160 ayuntamientos el poder firmar o no por los cabildos el convenio de bursatilización del 20% sobre la tenencia de uso vehicular.

El dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda Municipal del Congreso del Estado, se fundamentó de la solicitud recibida por 160 cabildos, firmadas por mayoría calificada casi en su totalidad y algunos por consenso, determinaron solicitarle al Congreso el poder bursatilizar el 20% de la tenencia y uso vehicular.

Del conjunto de documentos recibidos por la Comisión de Hacienda y, del análisis de los mismos; así como el proyecto de bursatilización planteado por el fideicomiso se desprendieron las siguientes apreciaciones:

1.- La Comisión de Hacienda Municipal del Congreso del Estado, así como el pleno del mismo, autorizó afectar a favor del fideicomiso bursátil por cuenta y orden y por su propio derecho de los 160 ayuntamientos, el 20% de los ingresos provenientes de la tenencia y uso vehicular, hasta por 29 años.

2.- Los municipios que no se adhieran a este fideicomiso bursátil continuarán recibiendo sus ministraciones en los términos de las disposiciones aplicables.

3.- El monto económico a bursatilizar en conjunto de los 160 municipios es de hasta 1,500 millones de pesos.

4.- Actualmente existen 1´052,134 vehículos que pagan tenencia, en una población de 7´110,214 veracruzanos, de los cuales, de acuerdo al padrón electoral; esto es, mayores de edad, son 5´130,813. Sumado a que muchos disponen de más de un vehículo y que los automotores de 10 años atrás no pagan tenencia, solo se paga un derecho de engomado.

Lo que quiere decir, que suponiendo sin conceder, que del total de la población mayor de edad que podrían tener solo un vehículo, se tendría que el 20.5% de los veracruzanos pagarían este impuesto. Y de la población total de los veracruzanos solo pagarían este impuesto el 14.8% de la población total.

5.- El 20% de la recaudación de la tenencia vehicular en el estado, actualmente representa en el plan de arbitrios (todos los recursos aplicados por el ayuntamiento) en promedio el 1.6%. Esto es, la recaudación total por este concepto de todo el parque vehicular es de 188 millones de pesos anuales, que proyectado sin incremento en 29 años sería aproximadamente de 5,400 millones de pesos.

6.- Del monto total recibido por concepto de la tenencia y uso vehicular, solamente se bursatilizará el 27.52% del total de los recursos recibidos anualmente por los municipios (1,500 millones de pesos).

7.- El diferencial de los recursos económicos que representa el 72.48% (3,900 millones de pesos), serán reingresados como remanentes periódicamente a favor de los municipios bursatilizados de acuerdo al porcentaje señalado en términos del artículo 15 de la ley número 44 de Coordinación Fiscal para el estado y los municipios de Veracruz.

8.- Los intereses que deberán pagar por concepto de la bursatilización a la fuente financiera fluctuará entre un 4 y un 7% anual; esto es, 0.33 y 0.58% mensual según sea el caso. El porcentaje que se determinará en definitiva, se acordará y firmará en consecuencia entre el Fiduciario, el Gobierno del Estado y los municipios participantes en función de lo que determine la empresa calificadora y poco antes de la emisión de los bonos ante la bolsa de valores. Asimismo, es en ese momento donde se determinará, según convenga a las partes, si el convenio incluye intereses en Unidades de Inversión (UDIS) o Intereses Nominales determinados por la Tasa Interbancaria de Equilibrio (TIE) + ¿? Los puntos que corran en ese momento en el mercado. Cabe destacar que BANOBRAS actualmente cobra el TIE + 2, por créditos soportados como fuente de pago en ingresos federales (FAM) por periodos entre 3 y 10 años.

9.- En el contrato convenido entre las partes firmantes, se establecerán los términos y condiciones para la amortización anticipada de los certificados bursátiles.

10.- En el supuesto de que la tenencia de uso vehicular desaparezca como impuesto federal en el año 2012, y los estados no adopten este impuesto como estatal; para hacerle frente a los compromisos fiscales, que en ese momento pasan a ser deuda directa, los ingresos estatales que se podrán afectar, son los provenientes de la Ley de Coordinación Fiscal que puedan ser afectados, esto es, parte de las participaciones federales del Fondo de Aportación para el Fortalecimiento Municipal (FAFM), que es de este fondo donde actualmente se destinan legalmente al fortalecimiento de la seguridad pública o deuda pública contraída legalmente como es el caso de BANOBRAS.

11.- Los recursos provenientes de la bursatilización, sólo podrán ser aplicados a la ejecución de obra pública de impacto social y/o para el pago de deuda adquirida previamente a la firma del convenio, contratada con instituciones financieras bancarias permitidas por la ley; y por ningún motivo podrá destinarse para sufragar gasto corriente.

La determinación en la aprobación de este dictamen, fue debido a que actualmente los recursos económicos provenientes del 20% de la tenencia de uso vehicular, se destinan al gasto corriente de los municipios; esto es, al pago de viáticos, compensaciones, gasolina, contratos a terceros, servicios, etc., observando que en ningún caso se beneficia la ciudadanía con obras y acciones con impacto social. Por ejemplo proyectos de abastecimiento de agua potable, que es uno de los compromisos contraídos por el alcalde de Córdoba de aplicar los recursos provenientes de la bursatilización, que representarán alrededor de 38 millones de pesos, en dotar de agua potable a todas las comunidades rurales y colonias populares que año con año carecen del vital líquido.

Para que esto se cumpla, el dictamen prevé que previamente a la ejecución de las inversiones, se deberá informar al Congreso del Estado, para que este a su vez instruya al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) del Estado vigile la observancia de cada municipio, así como la correcta aplicación de los recursos conforme al decreto.

Este dictamen dista mucho del autorizado por la legislatura pasada al gobierno del estado. En aquel momento el objetivo central de la bursatilización del 80% de la tenencia y uso vehicular, fue con el objetivo de pagar la deuda pública heredada un mes antes de la conclusión del gobierno de Miguel Alemán equivalente a 3,500 millones de pesos, y 2,800 millones se etiquetaron para realizar obra pública aún no concluida y una de ellas como el libramiento de Xalapa no iniciada y programada su ejecución con otra fuente financiera. Lo que ha hecho evidente la desconfianza y polémica de la bursatilización del 20% de la tenencia y uso vehicular de los municipios.

Sin embargo, no es lo mismo autorizar el poder firmar un convenio a un conjunto de ayuntamientos respetando su autonomía municipal consagrada en el artículo 115 Constitucional. A autorizar directamente al gobierno del estado por conducto de la pasada legislatura, para el pago de deuda pública con la bursatilización del 80% de tenencia y uso vehicular que representó bursatilizar 6,300 millones de pesos de un total de ingresos por este concepto a 30 años de 24,000 millones.

Lo más relevante de esta disposición de recursos traídos del futuro al presente es que se van a emplear a obras de infraestructura a favor de la ciudadanía y/o el refinanciamiento de deuda pública contraída legalmente, lo que representará liberar las participaciones federales a favor del municipio. Lo único que esperamos es que a los alcaldes no se les vaya ocurrir desviar estos recursos para favorecerse en sus necesidades personales, de darse este escenario la Legislatura y el ORFIS deberán ubicar a los ladrones en su lugar y éste es la cárcel y el desprestigio ciudadano. ¿Usted qué Opina?

lunes, 9 de junio de 2008

QUIÉN MIENTE?

POR: ALFREDO TRESS JIMÉNEZ

El viernes 6 de junio se anunciaba la visita del titular del poder ejecutivo del estado al Congreso de Veracruz, el tema era presentar ante los diputados de la LXI Legislatura su proyecto petrolero, mismo que expusiera días pasados en la Cámara de Senadores. Proyecto denominado por el Ejecutivo de Veracruz como la "Tercera Vía".

Todo comenzó cuando el presidente de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo, informó en reunión de trabajo a los representantes de los diferentes partidos políticos representados en el Congreso, el interés del gobernador de asistir a explicar su proyecto petrolero la "Tercera Vía", a efecto de que los veracruzanos lo conocieran de fondo.

Casi a todos los coordinadores de su grupo legislativo y a los diputados representantes del partido les pareció interesante el deseo del gobernador de asistir a presentar su propuesta, se analizaron pros y contra, fue de las reuniones donde por primera vez se debatió el tema ampliamente, concluyendo en una agenda que contenía el formato a seguir.

Se dijo que el día era el viernes 6 de junio a las 11:00 horas, se nombraría a la comisión encargada de recibir al gobernador, se definieron los tiempos en que participaría cada grupo legislativo y representantes de partido, así como las intervenciones de ejecutivo estatal.

Se acordó que se trasmitiría por Radio Televisión de Veracruz (RTV), y que la difusión en los medios impresos, donde además de los otorgados al gobernador, se les daría espacio a todas las propuestas de los grupos legislativos y representantes de partido de manera equitativa.

Se puntualizó que el único tema era el petróleo, que a la propuesta del gobernador quienes tuvieran algún comentario podían hacerla y que el ejecutivo contestaría el mismo. Sin embargo, si se querían tocar temas diferentes pero relacionados con el petróleo podían realizarlo. Se buscaba por un lado escuchar la "Tercera Vía" en materia petrolera que el gobernador del estado presentará en el foro de la reforma energética que se debate en el Senado de la República.
Concretamente quedó asentado en la orden del día dos sesiones; una, donde solo se desahogaría el tema petrolero expuesto por el gobernador. Concluida esta, se abriría un receso y se daría paso a otra sesión donde se desahogarían tres temas.

Sin embargo, dos días antes de la visita del Titular del Poder Ejecutivo del Estado al Congreso de Veracruz; el gobernador declaró que cancelaba la visita a la Cámara de Diputados, en virtud del que un legislador, coordinador del grupo legislativo de Acción Nacional, Alejandro Vázquez Cuevas, había hecho público su desacuerdo de la visita del gobernador al Congreso, debido a que el tema de la Reforma Energética era un debate nacional con posturas muy claras, por un lado las propuestas de reforma del Presidente Calderón y, por la otra, la contrapropuesta del Frente Amplio Progresista conformado por el PRD – Convergencia – PT. Y que en ese sentido si el diputado no quería que asistiera pues sencillamente no iría.

Ante esto se debe puntualizar lo siguiente: la declaración del gobernador de cancelar su visita al Congreso está fuera de lugar, ya que aún no estaba invitado formalmente por la Junta de Coordinación Política, en virtud de que el punto a tratar en la sesión del viernes no se había aprobado por el pleno de la cámara. Lo que quiere decir que el argumento sobre las declaraciones del diputado Vázquez Cuevas, solo fueron excusas para declinar su visita y exponer ante los diputados su "Tercera Vía" Petrolera.

El que haya ido o no es lo de menos, lo sorprendente es que las decisiones de no asistir al Congreso de Veracruz, ante la soberanía veracruzana, la realizó ante los medios de comunicación, cuando ni siquiera se había votado el punto de acuerdo por parte de los diputados, y en consecuencia se supone que él ignoraba si se le invitaría o no. Ante este hecho salieron a su defensa los diputados de la mayoría, los priistas, argumentando que el gobernador decidía si iba o no, que la ley no lo obligaba. No señores abogados de oficio del ejecutivo del estado, no es esa la reflexión, esta debe ser que por más gobernador que sea, le debe respeto a un poder como lo es el Legislativo, la representación del pueblo veracruzano, les guste o no está ahí, así es que la grosería que realizó el ejecutivo del estado al Congreso del Estado, quedará grabada en la historia de Veracruz. Porque nadie creerá que por el solo hecho, suponiendo sin conceder, que un diputado declare en su contra, el gobernador actuará a favor de ese dicho. ¿Usted qué opina?

alfredotress04@yahoo.com

lunes, 2 de junio de 2008

A seis meses de gobierno, más crisis

Por Alfredo Tress Morales


Sabia usted que una de las acciones estratégicas que debe adoptar cualquier gobierno del mundo para evitar continua abriendo la brecha de la pobreza es minimizar al máximo los incrementos en los alimentos. Para ello, países pobres del Continente Africano, sus gobiernos implementan políticas públicas eficaces tendientes a elevar la producción de sus productos básicos; para ello, instrumentan acciones de organización en sus productores y eficientizan sus recursos naturales y económicos para alcanzar los óptimos niveles de productividad que pueden generar internamente, con la intensión de cubrir al máximo las necesidades de su pueblo, si existen excedentes los exportan y de necesitar insumos los importan. Esto es, buscan a toda costa los equilibrios entre oferta y demanda, de tal suerte con sus naciones están siendo competitivas tanto internamente como externamente.
Sin embargo nuestro país, rico en recursos naturales, grandes extensiones de tierras y mano de obra que se exporta al extranjero, con el fin de "aminorar" en los sectores más desprotegidos el impacto por el alza internacional en alimentos, el gobierno de México ha decidido eliminar impuestos y aranceles para la importación de granos. El Presidente Calderón anunció la semana pasada la medida como parte de un plan en apoyo de la economía familiar que ha resentido en los últimos días nuevos incrementos en el precio de productos de la canasta básica, hasta ahora en lo que va del año ya alcanza un 45%.
Calderón afirmó que la seguridad alimentaria es un "asunto de estado" y advirtió que no se tolerará la especulación ni el acaparamiento. El plan se basa en tres ejes: el primero, eliminar impuestos a la importación de trigo, arroz, maíz blanco y amarillo; además, se autoriza una cuota de importación libre de arancel a fríjol, sorgo y pasta de soya. El segundo, eliminar impuestos a la compra en el exterior de fertilizantes. El tercero, destaca que Diconsa mantendrá la leche en cuatro pesos y se eleva a 655 pesos al mes el componente alimentario de Oportunidades.
Se especula que los granos libres de impuestos pueden venir de Australia, Nueva Zelanda y Argentina a precios "más competitivos" de los que ofrece Estados Unidos.
Lamentablemente, este plan emergente implementado por Calderón nuevamente los afectados directamente son los productores nacionales, ya que una vez más la competitividad en subsidios, producto y precios nada tenemos que hacer con otro países del mundo, incluidos los sudamericanos. Otro aspecto lamentable es que tal vez desconozca el señor Calderón que esta medida perjudica a la economía nacional, por el solo hecho de que en el mercado mundial hay una tendencia a la alza en todos los granos.
México se encuentra en una crisis alimentaria ya hace más de 4 sexenios, no aceptarlo e implementar políticas públicas urgentes, laceraría aún más a una población de aproximadamente 60 millones de mexicanos pobres, de los cuales alrededor de 15 millones están calificados en una situación de "pobreza extrema", es decir, simple y llanamente en situación de hambre. Los efectos de la escasez mundial de alimentos golpean a México después de que en nuestro país se ha desmantelado, desde hace 25 años, tanto la infraestructura productiva agropecuaria como la de distribución de alimentos básicos. Desmantelamiento que ha impedido disponer de una soberanía alimentaria y de protección de la canasta básica para la población de más bajos ingresos del país.
Ante el adverso escenario Internacional, el gobierno calderonista, sumergido en sus propias teorías económicas que lo hacen ver otra realidad, instrumenta una serie de acciones de "Apoyo a la Economía Familiar", donde los únicos beneficiarios directamente son los acaparadores y nuestro vecinos del norte (Estados Unidos y Canadá), ya que con ello aceleran al 100% las disposiciones comprometidas en el Tratado del Libre Comercio (TLC), de liberar los aranceles de las importaciones de maíz, huevo y leche, que ahora se extiende a fríjol, sorgo y pasta de soya.
Las medidas que implementa Calderón son insuficientes para contrarrestar la tendencia y duración que tendrá la escalada de precios internacionales de los alimentos, con graves consecuencias para México, que no cuenta con suficientes reservas alimentarias. Estas acciones involucran decisiones de terceros que Calderón las da por sentadas, cuando la verdad es que son inciertas; los importadores, los industriales y las tiendas de autoservicio, no necesariamente asumirán de manera voluntaria el control de los precios ni aceptarán afectar oportunidades de ganancias extraordinarias. Por otra parte, las importaciones acabarán por desmantelar la capacidad productiva agropecuaria del país, y transferirá directamente los elevados precios de los productos importados hacia mayores costos de la cadena alimentaria nacional.
Calderón una vez más equivoca el rumbo del timón y sigue aplicando las mismas políticas públicas neoliberales que dieron inicio hace 25 años, mismas que responde a intereses de capitales extranjeros, las consecuencias las empiezan a pagar miles de millones de familias mexicanas, cuando una de las soluciones sería el otorgamiento de apoyos a las actividades productivas, en particular a los ejidatarios y pequeños propietarios de nuestro país, la entrega de subsidios al campo y alcanzar la autosuficiencia en granos básicos, para dejar de depender del extranjero y para superar la actual crisis alimentaria a nivel mundial.
No es de justicia social, que por continuar aplicando políticas neoliberales, se siga lastimando la economía de los ciudadanos, cuando México es un país con grandes recursos naturales y un campo altamente productivo y mexicanos calificados. De continuar así el panorama es crítico; la crisis alimentaria traerá más pobreza, más migración y aumento de la delincuencia, entre otros problemas. O cambian la política pública del neoliberalismo a la justicia social, o será incierto el destino de México y sus mexicanos.
Correo Electrónico: alfredotress04@yahoo.com
A SEIS MESES DE GOBIERNO, MÁS CRISIS


POR: ALFREDO TRESS JIMÉNEZ

Sabia usted que una de las acciones estratégicas que debe adoptar cualquier gobierno del mundo para evitar continua abriendo la brecha de la pobreza es minimizar al máximo los incrementos en los alimentos. Para ello, países pobres del Continente Africano, sus gobiernos implementan políticas públicas eficaces tendientes a elevar la producción de sus productos básicos; para ello, instrumentan acciones de organización en sus productores y eficientizan sus recursos naturales y económicos para alcanzar los óptimos niveles de productividad que pueden generar internamente, con la intensión de cubrir al máximo las necesidades de su pueblo, si existen excedentes los exportan y de necesitar insumos los importan. Esto es, buscan a toda costa los equilibrios entre oferta y demanda, de tal suerte con sus naciones están siendo competitivas tanto internamente como externamente.

Sin embargo nuestro país, rico en recursos naturales, grandes extensiones de tierras y mano de obra que se exporta al extranjero, con el fin de "aminorar" en los sectores más desprotegidos el impacto por el alza internacional en alimentos, el gobierno de México ha decidido eliminar impuestos y aranceles para la importación de granos. El Presidente Calderón anunció la semana pasada la medida como parte de un plan en apoyo de la economía familiar que ha resentido en los últimos días nuevos incrementos en el precio de productos de la canasta básica, hasta ahora en lo que va del año ya alcanza un 45%.

Calderón afirmó que la seguridad alimentaria es un "asunto de estado" y advirtió que no se tolerará la especulación ni el acaparamiento. El plan se basa en tres ejes: el primero, eliminar impuestos a la importación de trigo, arroz, maíz blanco y amarillo; además, se autoriza una cuota de importación libre de arancel a fríjol, sorgo y pasta de soya. El segundo, eliminar impuestos a la compra en el exterior de fertilizantes. El tercero, destaca que Diconsa mantendrá la leche en cuatro pesos y se eleva a 655 pesos al mes el componente alimentario de Oportunidades.

Se especula que los granos libres de impuestos pueden venir de Australia, Nueva Zelanda y Argentina a precios "más competitivos" de los que ofrece Estados Unidos.

Lamentablemente, este plan emergente implementado por Calderón nuevamente los afectados directamente son los productores nacionales, ya que una vez más la competitividad en subsidios, producto y precios nada tenemos que hacer con otro países del mundo, incluidos los sudamericanos. Otro aspecto lamentable es que tal vez desconozca el señor Calderón que esta medida perjudica a la economía nacional, por el solo hecho de que en el mercado mundial hay una tendencia a la alza en todos los granos.

México se encuentra en una crisis alimentaria ya hace más de 4 sexenios, no aceptarlo e implementar políticas públicas urgentes, laceraría aún más a una población de aproximadamente 60 millones de mexicanos pobres, de los cuales alrededor de 15 millones están calificados en una situación de "pobreza extrema", es decir, simple y llanamente en situación de hambre. Los efectos de la escasez mundial de alimentos golpean a México después de que en nuestro país se ha desmantelado, desde hace 25 años, tanto la infraestructura productiva agropecuaria como la de distribución de alimentos básicos. Desmantelamiento que ha impedido disponer de una soberanía alimentaria y de protección de la canasta básica para la población de más bajos ingresos del país.

Ante el adverso escenario Internacional, el gobierno calderonista, sumergido en sus propias teorías económicas que lo hacen ver otra realidad, instrumenta una serie de acciones de "Apoyo a la Economía Familiar", donde los únicos beneficiarios directamente son los acaparadores y nuestro vecinos del norte (Estados Unidos y Canadá), ya que con ello aceleran al 100% las disposiciones comprometidas en el Tratado del Libre Comercio (TLC), de liberar los aranceles de las importaciones de maíz, huevo y leche, que ahora se extiende a fríjol, sorgo y pasta de soya.

Las medidas que implementa Calderón son insuficientes para contrarrestar la tendencia y duración que tendrá la escalada de precios internacionales de los alimentos, con graves consecuencias para México, que no cuenta con suficientes reservas alimentarias. Estas acciones involucran decisiones de terceros que Calderón las da por sentadas, cuando la verdad es que son inciertas; los importadores, los industriales y las tiendas de autoservicio, no necesariamente asumirán de manera voluntaria el control de los precios ni aceptarán afectar oportunidades de ganancias extraordinarias. Por otra parte, las importaciones acabarán por desmantelar la capacidad productiva agropecuaria del país, y transferirá directamente los elevados precios de los productos importados hacia mayores costos de la cadena alimentaria nacional.
Calderón una vez más equivoca el rumbo del timón y sigue aplicando las mismas políticas públicas neoliberales que dieron inicio hace 25 años, mismas que responde a intereses de capitales extranjeros, las consecuencias las empiezan a pagar miles de millones de familias mexicanas, cuando una de las soluciones sería el otorgamiento de apoyos a las actividades productivas, en particular a los ejidatarios y pequeños propietarios de nuestro país, la entrega de subsidios al campo y alcanzar la autosuficiencia en granos básicos, para dejar de depender del extranjero y para superar la actual crisis alimentaria a nivel mundial.

No es de justicia social, que por continuar aplicando políticas neoliberales, se siga lastimando la economía de los ciudadanos, cuando México es un país con grandes recursos naturales y un campo altamente productivo y mexicanos calificados. De continuar así el panorama es crítico; la crisis alimentaria traerá más pobreza, más migración y aumento de la delincuencia, entre otros problemas. O cambian la política pública del neoliberalismo a la justicia social, o será incierto el destino de México y sus mexicanos. ¿Usted qué opina?

alfredotress04@yahoo.com